Ciertamente, la insultante y destemplada
intervención del alcalde Barreto contra los alcaldes
Capriles de Baruta y López de Chacao, merece una condena
categórica y revela la permanente actitud de irrespeto
del chavismo hacia la población. Pero sería
un error detenerse en la anécdota. Barreto definió
claramente la decisión del régimen de avanzar
en la confiscación de la propiedad privada. Dos días
después del deplorable show del alcalde mayor, el presidente
del Instituto Metropolitano de Urbanismo, Mikel Menéndez,
informó que el proyecto urbano que se desarrollará
en los campos de golf de la Lagunita Country Club estará
listo en dos meses, y advirtió que se estudian también
los terrenos de Valle Arriba y del Caracas Country Club.
Podría alegarse que se trata de remodelar
terrenos que ahora son usufructuados por una minoría
privilegiada. El argumento es falso. No puede establecerse
diferencias entre pequeña y mediana propiedad. La propiedad
es una sola e indivisible. Los regímenes totalitarios
asumen de manera global la propiedad de la tierra, como un
primer paso para el control de las sociedades. Así
ocurrió en el mundo comunista del este, en Cuba, y
es el criterio que priva con los famosos títulos que
Chávez entrega a los campesinos de las tierras expropiadas.
Son tierras en verdad estatizadas. El anuncio de Barreto se
complementa con el conjunto de leyes que han sido presentadas
a la Asamblea Nacional, todas ellas dirigidas a liquidar los
espacios de la disidencia civil. La faena parlamentaria, de
ser reelecto Chávez, se completaría el 2007
con la nueva Constitución que consagrará el
marco legal del socialismo del Siglo XXI.
Es esa la perspectiva realista que se presenta
a corto plazo. Chávez ha dicho que los votos que obtenga
en diciembre serán a favor de su propuesta que no es
socialista, sino castro-comunista. Ello, por supuesto, entraña
una colosal falsedad. La mayoría de los electores,
incluyendo los chavistas, rechazan el modelo fidelista. Pero
de la misma manera que Chávez jugó a las reglas
democráticas para acceder al poder en 1998, y luego
facilitar su modelo autocrático, ahora endosará
los sufragios que se consignen para su reelección como
un cheque en blanco para la implantación de un nuevo
sistema que contempla inevitablemente la asfixia de los derechos
democráticos.
No es una presunción ni una hipótesis
temeraria. Sería la nueva etapa de un proceso que,
como todos los totalitarismos, no tiene término en
el tiempo. El rumbo del proyecto chavista se advirtió
desde el 2001 con el decreto 1011 sobre la educación
privada y las 49 leyes de la Ley Habilitante. El rechazo de
la sociedad civil incendió la pradera durante 2002,
2003 y 2004, hasta la trastada del revocatorio y la penosa
incapacidad de la dirigencia opositora de entonces para asumir
la responsabilidad que la voluntad popular puso en sus manos.
Ahora el escenario electoral y la convicción
cada vez mayor que en pocos meses estarían por perderse
los restos de democracia que aún quedan, coloca no
sólo a los partidos opositores, sino a la mayoría
de los venezolanos ante la necesidad de juntar esfuerzos en
una lucha común en defensa de la democracia, pero también
de sus propios derechos. ¿Cómo hacerlo? Esa
pregunta no se la hizo nadie antes que el pueblo tomara las
calles el 23 de enero de 2002.
Manuel Felipe Sierra
es un periodista y analista político, su programa radial
"Venezuela al Día, análisis y entrevistas
de primera mano" es la referencia diaria del acontecer
político venezolano. ( Lunes a Viernes, a las 6:00
pm por el Circuito Radio Venezuela, 990 AM, se escucha en
toda la república /
manuelfsierra@yahoo.com). Los
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Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por
El Nacional, el 28 de agosto del 2006. Petroleumworld no se
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