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Gasoducto continental: Una enorme complejidad jurídica

 

Por Diego Cabot

Si los presidentes de la Argentina, Venezuela y Brasil piensan que tejer un marco jurídico capaz de soportar la construcción del gasoducto más largo de la tierra, que debe apoyarse en suelo de por lo menos tres países y cruzar el río Amazonas -entre otros obstáculos- es tarea sencilla, se equivocan de cabo a rabo.

Aun si el proyecto fuera técnica, política y financieramente posible, la construcción de una obra que bien podría catalogarse de monumental merece años de preparación de una red de contratos, tratados, marcos regulatorios, impositivos y aduaneros que tornan imposible cualquier intento de improvisación.

Allí llegarán a convivir contratos millonarios con alguna entidad trinacional, quizá la hermana mayor de la célebre Entidad Binacional Yacyretá; servidumbres de pasos para la traza del ducto con requisitorias ambientales; pólizas que resguarden del riesgo político de la región con tratados internacionales. Todo eso sin siquiera mencionar los conflictos de financiamiento que pudieran aparecer.

"Lo primero que hay que aclarar es que, más allá de la complejidad, del tiempo y de la dificultad de que se ve desde el punto de vista legal, todo se puede resolver. Aunque, claro está, con un monumental trabajo", dijo Roberto Fortunati, socio de Fortunati & amp; Lucero, uno de los estudios jurídicos con más experiencia en financiamiento de proyectos. A decir de varios especialistas, ningún proyecto de este tipo se inicia sin que se haya realizado un estudio de prefactibilidad. "Mire -se apuró a contestar a LA NACION un abogado especialista en cuestiones relacionadas con obras de infraestructura-, no sólo que no sabemos si el proyecto es factible, no sabemos siquiera si es prefactible."

Pero suponiendo que este paso se dé, lo primero que hay que decidir es qué vehículo jurídico va a ser el encargado de la construcción del proyecto. Pero a no desesperarse. Los presidentes Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Luiz Inacio Lula da Silva deberán elegir entre dos variantes.

"Básicamente, hay dos opciones. Una es que cada país construya su parte en su territorio y que en la frontera se conecten. La otra, que se cree una entidad trinacional que sea la encargada de realizar la obra", dijo Luis Lucero, también socio de Fortunati en el estudio que los tiene como socios.

Si los gobiernos optaran por la primera opción estarían replicando el sistema que se utiliza con los ductos que atraviesan la Cordillera de los Andes y proveen de gas a Chile. "Este supuesto tiene como ventaja que es más rápido para ponerlo en funcionamiento, aunque eso sí, cada país tiene que comprometerse a hacer su parte", analizó Lucero.

En segundo caso, la creación de un ente trinacional remite inmediatamente a un ejemplo que, por cierto, no es de los más felices. Venezolanos, argentinos y brasileños se deberán repartir las sillas en un ente similar a la Entidad Binacional Yacyretá, aunque, claro ésta es algo más grande.

El aprovechamiento del río Paraná a la altura de las islas de Yacyretá y Apipé -donde actualmente se levanta la represa- se comenzó a estudiar desde 1926 con un tratado en Washington, pero fue el 23 de enero de 1958 cuando se concretó el convenio entre la Argentina y Paraguay que estableció la creación de una Comisión Mixta Técnica para llevar adelante el estudio.

Pasaron 15 años y bajo el gobierno de Juan Perón los países firmaron el Tratado de Yacyretá y se comprometieron a emprender en común la obra que, a 32 años, aún está sin terminar. "Es necesario dotar a esta entidad de presupuesto, funciones y estructura propia para que se convierta en una unidad ejecutora. Todo esto surge de tratados internacionales que se deben firmar entre todas las partes", dijo un consultor de empresas dedicadas a obras de infraestructura.

Dentro del ente, además, también debe preverse un sistema de resolución de conflictos y resolver cómo van a ser las participaciones de los países y los aportes.

Suministro asegurado

Otro de los puntos que varios de los consultados resaltaron es la necesidad de contar con un contrato de suministro claro y que asegure algo básico para un gasoducto: que tenga gas para transportar. "Nadie va a poner un caño si no hay un estudio concreto sobre las reservas reales existentes en Venezuela, que es quien tiene que inyectar el combustible", destacó Fortunati.

En Europa, un continente que ha construido miles de kilómetros de ductos para abastecerse, básicamente, del gas de Rusia las reservas fueron cuidadosamente estudiadas. "Por ejemplo, antes de la construcción del gasoducto Transiberiano se estudiaron con mucho cuidado las reservas de gas ruso", dijo una fuente del sector.

En Europa existe un fuerte debate sobre la dependencia del gas ruso o la búsqueda de combustibles alternativos, alimentado en el último tiempo porque Rusia interrumpió el suministro a Ucrania por su negativa a aceptar un aumento en el precio.

También habrá que diseñar el tipo de gasoducto, ya que no es lo mismo, ni siquiera a los efectos jurídicos, que Brasil o la Argentina sean un lugar de paso o que también puedan inyectar fluido. Y si todo se ha hecho y la obra se va a realizar, los abogados deberán armonizar los tres marcos regulatorios que rigen actualmente Venezuela, Brasil y la Argentina. "El país -dijo Fortunati- tiene un régimen regulatorio que funciona bien y que distingue entre el productor, al transportista y al distribuidor de gas. Esas figuras se deben compatibilizar con los otros países." Ya con las regulaciones locales contemporizadas, la unidad ejecutora se topará con otro tema a resolver. Si el gasoducto tuviera 8.000 km de extensión, deberán acceder a los terrenos por donde pase la traza en toda esa extensión. "Aquí hay dos opciones o se expropia la tierra o se realiza una servidumbre de paso para construir el gasoducto", dijo Fortunati.

La servidumbre es un derecho real que permite que los operarios ingresen en un terreno y construir la obra, además de contemplar el hecho de que a 50 cm de la superficie estará enterrado el caño. En estas obras, generalmente se hace un camino de servicio paralelo a la traza para poder acceder al lugar por cualquier tipo de mantenimiento que haya que realizar.

"Imagine que en 8.000 km hay miles de propietarios distintos, incluso, quizás, alguna comunidad indígena. Este es un trabajo enorme que hay que hacer", relató un abogado de la City.


De la mano de esto surge un tema, catalogado por varios de los consultados como "no menor".

Preocupación ambiental

"La verdad es que suelen encontrarse muchas trabas con los temas ambientales y que suelen trabar la construcción", dijo un consultor. "No quiero ni pensar -graficó- cuál será la posición de los grupos ecologistas ante un camino que tenga debajo un caño de gas y que cruce el medio del Amazonas." Para cubrir los riesgos ambientales, los especialistas descuentan que se deberán contratar pólizas específicas para indemnizar a quienes se les pueda causar algún daño ante un siniestro.

Y si de seguros se trata, no deberán olvidar los funcionarios que para inversiones de miles de millones de dólares se suele exigir la presentación de un seguro de riesgo político, generalmente otorgado por entidades relacionadas con organismos multilaterales como el Banco Mundial. Deberá entonces contratarse uno que cubra las eventuales inestabilidades políticas de Brasil, la Argentina y Venezuela. En paralelo los técnicos deberían resolver la cuestión impositiva y aduanera. ¿Qué pasará con el gas que sea importado desde Venezuela, no se consuma en Brasil y siga su camino para abastecer a la Argentina? No debería pagar impuestos de ingreso y egreso de tierra brasileña.

¿Qué pasará con un proveedor que trabaje en los tres países, pero contratado por una entidad trinacional? ¿Deberá pagar impuestos en los tres países? La Argentina y Brasil tienen firmados tratados de doble imposición -se paga en uno de los dos países-, pero con Venezuela deberá avanzarse.

Estas preguntas y miles más deberán estar contestadas con certeza antes de iniciar el primer pozo. En su caso, quizás el último nunca se llegue a realizar.


Diego Cabot es periodista de La Nación (Argentina). Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Nota del Editor: Este comentario fue publicado por La Nación (Argentina) - 29/01/06. Lo reproducimos en beneficio de los lectores. Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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