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Resumen: el sector eléctrico de Uruguay no ha escapado a las consecuencias deletéreas de las políticas neoliberales. Se plantea aquí la necesidad de revertir un marco legal deficiente que ni siquiera se cumple.

INTRODUCCION

Finales de los 70 comienzo de los 80, frente a la crisis que se arrastra emergen de las políticas neoliberales como salida hacia delante de una crisis capitalista mundial, da como resultado lo que se llama "la era de la globalización". El capitalismo financiero internacional pone la mira en los sectores productivos especialmente aquellos donde las ganancias están aseguradas dado su carácter de servicio público esencial o el monopolio de hecho establecido y desarrollado hasta el momento por el Estado. Es así que se avanza sobre electricidad, gas, agua potable, teléfonos, ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, etc...

Las justificaciones para abrir los mercados de servicios públicos, monopolios naturales e industriales estratégicos al capital privado fueron varios: ambientes de competencia, avances tecnológicos, problemas reales o imaginarios de las empresas del Estado, llámese ineficiencia, endeudamiento, imposibilidades de inversiones, etc...

Nosotros en lo particular abordaremos aquí cómo los mercados eléctricos han resultado ser experiencias poco exitosas y en algunos casos desastrosas, de las muchas promesas muy pocas se han cumplido y ya hay suficiente experiencia internacional para demostrar que los mismos no funcionan como se supone pues no garantizan lo esencial: la confiabilidad del suministro y la disminución de precios. Al final el Estado ha tenido que ir al rescate, veamos unos ejemplos:

. Creando una tarifa social (Guatemala)

. Comprando electricidad a precios elevados y revendiéndola a precios bajos (El Salvador)

. Recomprando empresas privatizadas (Brasil)

. Suministrando fondos públicos para evitar quiebras (Inglaterra y Gales)

. Al estar imposibilitado el Estado de un efectivo control de inversiones y tarifas debe crear una nueva empresa pública (Argentina).

Pero si vemos además la seguidilla de apagones y racionamientos en los últimos años es inevitable reflexionar al respecto: New York, Londres, Suecia, Italia, Dinamarca (2003), Buenos Aires (1999), Chile (1999), Brasil (2000), California (2001), República Dominicana (2002-2003).

Estos fracasos (tanto en el Norte desarrollado como en el sur dependiente) han venido a demostrar una vez más y en forma contundente que la electricidad es un sector estratégico y fundamental para el desarrollo económico y bienestar social. En consecuencia, la energía debe ser considerada un derecho humano.

LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Dándole una mirada al desarrollo de las políticas neoliberales implantadas en la región, Atilio Borón, Secretario Ejecutivo de CLACSO, al exponer los problemas de América Latina en el taller sobre "Las crisis que reinan en el Tercer Mundo", señaló: " la implantación del neoliberalismo en América Latina fue un verdadero desastre para las grandes masas de población de la región y llevó casi a la satanización y destrucción del Estado" . En su análisis aportó datos de cómo la política neoliberal fracasó rotundamente y las reformas salvajes que se implantaron:

"a) no lograron promover un crecimiento económico estable;

b) no lograron aliviar la situación de pobreza y exclusión social que prevalecía en nuestra región como producto del desplome del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y la crisis de la deuda;

c) lejos de fortalecer las instituciones democráticas y su legitimidad popular, este modelo tuvo como consecuencia debilitarlas y desprestigiarlas hasta un nivel sin precedentes en la historia latinoamericana".

Esto lo podemos observar puntualmente para los casos a los cuales nos vamos a referir en esta nota, el fracaso de las políticas neoliberales que llevaron a la privatización de los servicios públicos y que podríamos resumir a grosso modo en dos aspectos (sin descartar otros):

Las empresas no han invertido ni han cumplido con lo que se habían comprometido a cumplir en los contratos, sin inversiones, las cuales también se habían comprometido a realizar, reportando generosas remesas a sus casas matrices, con la complicidad de los políticos neoliberales locales donde la corrupción formó parte de la política de implantación.

Por otra parte de hecho no existe la libre competencia dado que operan en estos negocios grandes grupos oligopolios transnacionales, los cuales se reparten el mercado en acuerdos estipulados de antemano.

A estos dos factores hay que agregarle un tercero: la sola existencia de marcos regulatorios o las llamadas unidades reguladoras o entes reguladores no garantiza que un servicio público se brinde en tiempo y forma a toda la población cumpliendo tres aspectos básicos, por lo que nosotros entendemos un "servicio de bien público esencial": universalidad (acceso por parte de toda la población), permanencia (o continuidad en el tiempo, sin cortes) y estabilidad en los precios o tarifas más allá de los vaivenes de la economía.

Traemos esto a colación dado que últimamente han surgido algunas voces, fundamentalmente desde la derecha pero también desde la izquierda, insistiendo en la aplicación del marco regulatorio en el sector eléctrico garantizará el suministro y algunas propuestas sobre la transparencia de las actividades. No hay al respecto ningún antecedente, el ejemplo de Argentina es elocuente y, luego de 8 años de existencia de marco regulatorio en Uruguay, estamos sumergidos en una profunda crisis de la cuál su salida no será al menos en el corto plazo.

Otra reflexión que hacemos está relacionada con la presión generada por el descontento popular ante la imposibilidad de acceder a los insumos básicos como agua y luz, sumados a la crisis económica que vive la clase trabajadora y los desocupados, provocando que muchos de nosotros no podamos acceder plenamente a estos servicios (ejemplos que no solo se dan en la región sino en otras partes de Latinoamérica, como sucedió en Santo Domingo con la consigna "fuera FENOSA" y el planteo de la reestatización de la industria eléctrica).

Esta presión, ha generado en la región (fundamentalmente Argentina) la necesidad por parte de los gobiernos de intentar ponerle un freno a los abusos tarifarios de las empresas privadas multinacionales que manejan los servicios públicos, y es en ese momento que se manifiesta la dificultad que tienen dichos gobiernos (incluso con voluntad política para corregir los abusos), de establecer políticas nacionales que abarquen a las mayorías empobrecidas por las políticas de la privatización y el libre mercado a causa de no ser capaces de manejar como propios los recursos naturales que posibilitan los servicios básicos como el agua y la luz.

Pero además las multinacionales emprenden una ofensiva que incluye toda una serie de actos intimidatorios sobre la posibilidad de dejar sin luz y sin agua a la población, amenazar con un colapso (incluidas presiones de embajadores y, más aún, como el caso del presidente francés sobre Kirchner), medidas todas reaccionarias y tildadas por alguna prensa argentina como "terrorismo eléctrico". Y si vemos la tragedia ocurrida en Bolivia en defensa de un recurso natural como el agua, donde se logró expulsar a la multinacional francesa y cuyo levantamiento dejó un saldo de más de 70 muertos y la caída del Presidente, podemos apreciar la dimensión de la importancia de manejar los recursos naturales en defensa de un desarrollo que asegure trabajo y bienestar a la población en su conjunto.

ESTADO DE SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL

A partir de la Ley N º 16832 se generó un conjunto de reglamentación (vía sucesivos decretos) que le dio forma al modelo de sector que se impulsaba. Esa reglamentación que tiene hasta 3 años de realizada, fue sucesivamente aplazada en su entrada en vigencia, hasta que el año pasado entró en vigor. Formalmente entonces existe un conjunto de reglamentación y un conjunto de instituciones -UTE, URSEA, ADME y MIEM- que deben aplicarla y cumplirla. Pero la realidad indica que esto no sucede, lo que implica que las diversas instituciones queden sujetas a responsabilidad. Teniendo en cuenta que en el gobierno no existe una propuesta concreta de modificación de la Ley N º 16832, surgen claramente diversas alternativas:

. Aplicar la reglamentación en su totalidad.

. Aplicar parcialmente y modificando la reglamentación.

. Suspender la reglamentación y abocarse a una nueva reglamentación, factible de ser aplicada.

Dentro de las cuales existen a su vez diversas variantes posibles.

SITUACIÓN POLÍTICA CON RESPECTO AL MARCO JURÍDICO

Si bien la voluntad política es la de aplicar la Ley 16832, el tema de los reglamentos así como la idea de introducir amplios mecanismos de mercado es esencialmente cuestionada. Los cuestionamientos surgen fundamentalmente desde los sindicatos, desde los sectores políticos del propio gobierno y desde la empresa UTE, que es perjudicada por dicha reglamentación. Por lo que, la aplicación de la totalidad de la reglamentación no parece viable.

SOSTENEDORES DE LA DESREGULACIÓN PERO SIN ARRIESGAR SU SUMINISTRO (Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago)

Los mayores interesados en la aplicación del Marco Regulatorio han sido los grandes consumidores (industriales y comerciales) de energía eléctrica, en esencia, la utilizarían como un mecanismo de desmarcación de UTE, pudiendo contratar generación (se pensaba básicamente desde Argentina). Los problemas actuales de Argentina han mostrado a estos usuarios que no es tan segura ni tan barata la energía desde el vecino país, o por lo menos, no lo será en el corto plazo (2-3 años). Al interés de los grandes consumidores se suma, el interés de los organismos internacionales de crédito, manifestado a través de los compromisos de los sucesivos gobiernos, inclusive el actual, de profundizar los mecanismos de mercado.

ENTORNO EN EL CUÁL SE RESOLVIÓ EL MARCO JURÍDICO Y REPASO DE LO SUCEDIDO LUEGO

La Ley 16832 de Marco Regulatorio, se gestó en un contexto energético y político totalmente diferente al actual, en el cuál el paradigma del mercado estaba en su pleno apogeo, sobre todo en Argentina, y con abundante gas y a bajo precio. Este contexto ha cambiado, se ha derrumbado el modelo energético argentino, como ya hemos visto, fruto de una concepción neoliberal en el tratamiento de los energéticos y, por tanto, debe adecuarse a la actual coyuntura (crisis regional de orden político y energético). Esto sin entrar a considerar los fracasos y las graves consecuencias producidas por las reformas en el sector, desarticulando (separando por segmento la industria) la organización vertical y aplicando reglas que en el tema energía no resuelven ni los precios y mucho menos el suministro seguro, pruebas a la vista.

Si bien la ley tenía detrás una idea general de paradigma de mercado etc., la ley no establece lo que pueda llamarse un "modelo" en sí de mercado, sino que dejó para la reglamentación este cometido, y por tanto, es la reglamentación la que encierra las mayores definiciones y las mayores resistencias de los actores sociales e institucionales. Esto se resume en la frase " la ley no es peligrosa por lo que dice sino por lo que no dice ", y queda para la reglamentación.

PROPUESTA EN BASE A LA SITUACIÓN HOY Y EL CAMINO HACIA SU MODIFICACIÓN

Estas consideraciones generales deben ser el punto de partida para encarar el problema planteado. Entonces parece clave -para cambiar el rumbo político de la reforma del sector eléctrico- la suspensión de los reglamentos, que representan la máxima expresión del modelo anterior. Además, en los hechos, la suspensión elimina las posibles responsabilidades y no altera prácticamente nada, pues no se están aplicando. Al mismo tiempo, los compromisos internacionales establecen que se debe tener un mercado en el sector eléctrico, entonces: ¿cómo suspender los reglamentos y al mismo tiempo establecer un mercado?, ¿el establecimiento de un mercado es necesariamente negativo para el país? Se parte de la base que hoy no existe mercado, por lo que en realidad la suspensión de los reglamentos no es un paso hacia atrás, el problema sería de forma y no de esencia.

Existe además un elemento totalmente objetivo: es difícil o prácticamente imposible la instauración de un mercado en un país de bajo consumo de energía, donde la generación hidroeléctrica es totalmente mayoritaria y no existe gas natural, cuya tecnología de ciclos combinados asociada permite reducir las economías de escala y con una crisis profunda como la que hoy soportamos.

Sin embargo, dadas las condiciones nacionales en el sector energético, nuestro país necesita incorporar diversas fuentes nacionales de generación eléctrica, esas diversas fuentes en esencia son descentralizadas y de escasa amplitud individual. Esto al mismo tiempo implica que, si bien su volumen total en el país es importante, no están concentradas en determinado punto, por lo que su explotación requiere de emprendimientos generalmente pequeños, y comúnmente asociadas a una actividad productiva. Esta diversidad de emprendimientos parece poco viable que sea llevada a cabo por una empresa como UTE, cuya historia y estructura está pensada como una gran empresa industrial; por lo que se podría estimular el desarrollo de pequeñas y medianas empresas para dichos aprovechamientos. ¿El Estado perdería su rol preponderante en el sector eléctrico? No, de ninguna manera; el Estado a través de UTE y CTM seguiría siendo la base del sistema y quien aseguraría el abastecimiento a la población. Todos los pequeños emprendimientos se conectarán al SIN, que es y deberá seguir siendo propiedad del Estado.

Un elemento coyuntural importante, es la propuesta del MIEM de instrumentar una licitación que incorpore generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (eólica, biomasa y mini-hidráulicas).

La suspensión de los reglamentos del sector eléctrico implica retrotraerse a la Ley 16832 y, por tanto, debe de ir acompañada de alguna normativa provisoria que habilite lo que está estipulado por la Ley , mientras no se resuelva definitivamente la modificación a la ley de marco regulatorio a la luz de lo anteriormente expuesto y hasta tanto no se elabore una Política Nacional de Energía con los mayores consensos posibles.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA LEY ?

Los elementos más importantes de la Ley son:

La generación deja de ser servicio público.

1. Creación del mercado mayorista de generación.

2. Libre acceso a la red de transmisión y distribución.

La aplicación real de la libertad de generación es posible pero está muy restringida, debido a las características de nuestro país arriba expuestas; generalmente será imposible que se instale un generador si no tiene de por medio un contrato por lo menos a 15 años, pues es imposible sobrevivir en nuestro mercado a los precios Spot (efectivos), y además el único distribuidor capaz de contratar grandes volúmenes y por períodos largos es UTE.

Es urgente avanzar en el camino de resolver esta situación para consolidar el suministro seguro de electricidad en el marco de la propuesta del actual gobierno hacia un país productivo. A partir de la experiencia vivida en la región se traduce en una realidad inocultable que debemos corregir antes de seguir hacia un camino de apagones e incertidumbres que repercute en las tareas de la construcción de un nuevo país.