Hugo Chávez subrayó este domingo en su “Aló Presidente”: “Yo soy el Jefe de Estado y jefe es jefe”, al declarar que fue él quien ordenó al “autónomo” Banco Central recortar el cupo de divisas de Internet.

Esta enfática expresión debería despejar las dudas a quienes aún dudan de que Chávez es un dictador en ciernes. Además de la prepotencia manifiesta, Chávez cada día deja clara evidencia de que no se ha dado por aludido del NO rotundo que le expresó una mayoría de venezolanos el 2 de diciembre a “su proyecto del Siglo XXI”.

Es decir, que como “jefe es jefe”, Chávez puede hacer lo que le da la gana, y dejar como convidados de piedra a los ciudadanos, y a todos los demás representantes de los poderes públicos y de las instituciones del Estado.

Lamentablemente, Chávez logró su propósito. No existe en la actualidad institucionalidad alguna que cumpla con el perfil constitucional y democrático de servirle de contrapeso al Primer Mandatario. Además de que las garras de su dictadura se ven por todas partes.

Se vieron, por ejemplo, cuando forzó la compra de Lácteos Los Andes y de la cadena de frigoríficos Cealco y cuando ordenó la “nacionalización” de la industria del cemento para “satisfacer” el abastecimiento nacional.

También, cuando al filo de la media noche, su Vicepresidente anunció en la “mesa de negociaciones” que Sidor sería “estatizada” debido a la supuesta “intransigencia y arrogancia” de los representantes de la empresa para oír las peticiones de los trabajadores.

Las garras del dictador se observan también en la draconiana Ley de Pesca, que prohíbe la pesca industrial de arrastre. Además, se ve su sombra cuando a los pescadores se les atrapa entre la Ley de Pesca (que los arriesga a multas multimillonarias si salen a pescar) y la Ley contra la Especulación, el Acaparamiento y el Boicot, si no lo hacen.

O se reflejan en la orden de “revisar” todas las concesiones mineras, incluyendo la de la Minería MS, propiedad de sus socios rusos.

Ni que decir, del dictatorial “rescate” del 1.000.000 de hectáreas de tierras que se propone para 2008, que empezó este año con la confiscación de las 63.000 hectáreas del Hato El Frío y siguió con la militarización de 34 fincas (unas 2.400 hectáreas) en el Valle del Río Turbio, en el estado Lara, que mantiene en ascuas a unos 97 pequeños y medianos cañicultores ya que las mismas serán estatizadas por “cambio en su vocación agrícola”.

Esto sin entrar a detallar el adoctrinador Currículo Bolivariano, ni la inconstitucional Ley de Policía Nacional, ni su guardia pretoriana que pretende formar con el recién creado Comando General de la Reserva Nacional.

Lo más indignante de este “jefe es jefe” es que toda esta arremetida “revolucionaria” contra la propiedad privada y las inversiones extranjeras, el empeño de ideologización y la politización de las fuerzas de seguridad del Estado es contraria a lo que reclama la población: Libertad, seguridad, empleo, y progreso.

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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 15 de abril del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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