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Venezuela se retiró “voluntariamente” esta semana del llamado Proceso Kimberley (PK), organismo de la ONU que certifica la procedencia legal de los diamantes, tratando con ello de evitar su expulsión.

Pero previo a su “retiro voluntario” por dos años, lapso en el que se comprometió a cesar por completo la exportación de diamantes en bruto, Venezuela había sido cuestionada por varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s). Éstas habían exigido su expulsión aduciendo que Venezuela había sido incapaz de monitorear y controlar el contrabando de diamantes en gran escala. Además de ser el único país miembro del PK que no ha permitido la visita de expertos para una revisión.

El Proceso Kimberley, fundado en 2003, cuenta con la participación de 70 países que se comprometen a: 1) Certificar que sus diamantes no proceden de zonas de conflicto, 2) Implementar sistemas de control sobre su comercio, 3) Garantizar que su explotación o comercialización no financie grupos rebeldes u otra entidades que tenga como objetivo la destitución de un gobierno legítimamente constituido.

Según fuentes independientes citadas por Casto Ocando en el Nuevo Herald, los diamantes son sacados ilegalmente del país y revendidos en mercados internacionales a través de canales vinculados a elementos criminales.

Y aunque la mayoría de los diamantes ensangrentados provienen de países africanos, Annie Dunnbacke, representante de Global Witness, organización que monitorea su comercio, no descarta la posibilidad de que diamantes venezolanos pudieran terminar en manos de narcotraficantes o guerrilleros para financiar actos de violencia, según declaraciones hechas al mismo periódico.

Según estadísticas de PK, Venezuela en 2006 declaró una producción de 17 mil quilates, cifra muy inferior a la real según expertos. Para la ONG, Partnership África Canadá (PAC) el contrabando en el país sería de 300 mil quilates al año, la mitad de lo reportado como producción en 1994 por Venezuela.

No debe perderse de vista que además de lo perjudicial que es para la reputación del país este “retiro voluntario”, esto también supone el cierre de un canal de ingresos que en 2006 significó $1,18 millones. Ahora el comercio con los diamantes venezolanos pasa a estar vetado para los miembros del PK. Y aunque esa cifra pueda parecer muy pequeña en comparación con los ingentes ingresos petroleros, este no es sino otro paso en la dirección equivocada para Venezuela: Cada vez más dependiente del volátil mercado petrolero y cada vez más alejada del concierto de naciones que respetan y hacen cumplir las leyes.

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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 27 06 08. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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