El Gobierno continúa en su empeño de deglutir a la empresa privada.
Como lo sintetiza Gerver Torres, de Liderazgo y Visión, existen tres poderosas y bolivarianas razones para ello: 1) La ideológica, el socialismo supone la propiedad de los factores de producción. 2) La política, le permite al Gobierno el control de la sociedad y su permanencia en el poder. Y 3) la corrupción, que le facilita a los principales actores y amigos del Gobierno a hacer pingües negocios.
La presa del día que ocupa al Gobierno es Coca-Cola FEMSA. A ésta se le está aplicando la sempiterna receta bolivariana: La vía de los “sindicatos” paralelos afectos al “proceso” para tomar el control de la empresa.
Este patrón se viene utilizando en el campo venezolano desde principios de 2005, cuando el gobernador de Cojedes, Johnny Yánez Rangel, dictó el primer decreto creando los fundos zamoranos, que luego se multiplicaron por todo el territorio nacional.
Con estos decretos zamoranos se auspició la toma de miles de hectáreas de tierras productivas por seudo campesinos organizados desde las esferas gubernamentales, lo que terminó en la mayoría de los casos en una expropiación arbitraria donde el Gobierno desconoce la cadena de titularidad que demuestra la legitimidad de sus propietarios.
Similar patrón se siguió con la Constructora Nacional de Válvulas y con la Siderúrgica del Orinoco. Ambas empresas fueron víctimas de meses de acoso de grupos de trabajadores afectos al Gobierno, hasta que finalmente las expropiaron de manera arbitraria y violando preceptos constitucionales.
Ahora, cuando parecía que se había aplacado, recrudece la crisis que un grupo de ex fleteros viene provocando en Coca-Cola FEMSA.
Los ex fleteros, plenamente identificados con el “proceso” bolivariano, han vuelto a hincar los colmillos sobre Coca-Cola FEMSA, promoviendo la toma de sus 26 centros de distribución, a pesar de que sus reclamos no tienen mérito legal alguno, según lo ha corroborado el Tribunal Supremo de Justicia y la propia Asamblea Nacional bolivariana.
Estas tomas ilegales aunque van en perjuicio de la propiedad privada y coartan el derecho al trabajo a unos 8.000 trabajadores legítimos de Coca Cola FEMSA, no han sido repelidas por autoridad regional o nacional alguna.
Esta inacción del Gobierno para imponer la ley a favor de una empresa privada, refuerza la hipótesis de que detrás de estas tomas ilegales está el interés del Gobierno de debilitar a Coca-Cola FEMSA, tal como lo hizo con la Constructora Nacional de Válvulas y Sidor, para luego tener la excusa de expropiarla.
Otra de las empresas sobre la que más temprano que tarde se afincarán las fauces bolivarianas sería General Motors, en esta oportunidad el objetivo sería traspasar sus instalaciones a alguno de sus aliados iraníes, chinos o rusos.
Lo más lamentable de todo esto es que el Gobierno ha desperdiciado una década hundiendo al país en el atraso al eliminar fuentes de trabajo y destruir la capacidad de producción de Venezuela.
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Petroleumworld 08 10 08