Comentario Editorial/Opinión

VenEconomía : Chivos expiatorios

El gobernante parece que está irascible, pues las cifras no le cuadran, ni las de las finanzas públicas ni los numeritos para las regionales. Y, para rematar, en su granja parece haber una rebelión.

Esta cólera se evidencia en su verbo escatológico para referirse a sus oponentes, en la insistencia de convertir los comicios de noviembre casi en un plebiscito, así como en los variados intentos de desviar la atención de la opinión pública a temas tan descabellados (y mellados) como el magnicidio y el saboteo a su gestión.

Lamentablemente, esta irracionalidad gubernamental vuelve a generar chivos expiatorios y a victimizar a inocentes venezolanos.

Por ejemplo, está el dislate de la detención de dos jóvenes zulianos que estaban tomando fotografías en un acto político que el presidente Hugo Chávez realizaba en el distrito Mara del estado Zulia, el pasado 12 de octubre.
El “delito” de estos jóvenes fue ponerse camisas rojas para entrar en un acto público proselitista con una cámara fotográfica a fin de captar las imágenes del mismo.

El argumento esgrimido para detenerlos fue la “sospecha” de que “podrían pretender” agredir al Presidente de la República.

Ahora están siendo enjuiciados por un Tribunal Militar, acusados por “espionaje” y “amenaza al centinela”.

Delsa Solórzano, coordinadora nacional de la Comisión de Derechos Humanos de UNT, denunció que “los jóvenes fueron trasladados a la sede de la Disip, en Caracas, y fueron presentados ante el Presidente de la República y no ante un juzgado civil, como corresponde en estos casos”.

Este procedimiento no está tipificado en el sistema de justicia venezolano, como tampoco está contemplado el delito de “porte ilícito de cámaras fotográficas”, que sería lo que realmente se les pudiera imputar. Además esto es una clara violación a sus derechos de presunción de inocencia, el libre tránsito y presentación oportuna (menos de 48 horas) ante un juez natural.

La Constitución venezolana garantiza que todo ciudadano tiene el derecho de ser juzgado por sus jueces naturales (que en este caso deberían ser los civiles), cuando hayan cometido un delito punible contemplado en las leyes de la República (y portar cámaras de fotografía no lo es, “todavía”). Pero... el Gobierno necesita fabricar chivos expiatorios que justifiquen sus denuncias sobre el supuesto magnicidio.

Otra historia, pero con similar calibre de arbitrariedad, es la orden de detención de tres ingenieros de Edelca como presuntos responsables de la tercera falla eléctrica ocurrida este año, que dejó el pasado fin de semana sin luz por unas tres horas a unos 13 estados, incluyendo el Distrito Capital. Los fiscales del Ministerio Público que llevan la investigación afirman que tienen “pruebas convincentes en sus manos” de la “responsabilidad” de estos tres trabajadores de Edelca, a pesar de que éstos cumplían cabalmente las normas técnicas de la empresa.

Según evidencia este caso pareciera que ahora se tipificará como delito, estar de guardia trabajando cuando ocurra un apagón de luz. Lo cual, como se ha venido demostrando este año, es consecuencia de años de desidia, desinversión y mala gerencia, en especial durante los diez que tiene Chávez en el poder. Pero, el mandatario quiere crear una matriz de opinión de un supuesto saboteo, que justifique los apagones.

Lo más preocupante de todo no es esta manifiesta arbitrariedad del Gobierno y su sistema de justicia, sino el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo y los malos precedentes que crea este tipo de violaciones a los derechos humanos.