Comentario Editorial/Opinión

 

 

VenEconomía: El sepulcro para PDVSA

 

Luego de diez años de hacer todo lo indecible para llevar a la industria petrolera nacional al punto de agonía sin retorno, el Gobierno de Chávez mandó a cavar el sepulcro donde acabarán los restos de PDVSA: La Ley Orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, aprobada este martes 5 de mayo en primera discusión, por la Asamblea Nacional.

Esta nueva ley sepulcro declararía “de servicio público y de interés público y social las obras, bienes y servicios conexos para la realización de actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos”. Por ende, al aprobarse la ley, la ejecución de las mismas sería realizada exclusivamente por el Estado, por PDVSA o las filiales o empresas mixtas que la estatal petrolera designe.

Cuando esta nueva, inconstitucional y arbitraria ley entre en vigencia, Hugo Chávez y su “rojo, rojito” presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, tendrán la potestad discrecional para apoderarse de todas las empresas tercerizadas que presten servicios en los procesos de inyección de agua, vapor o gas; en los de compresión de gas; así como de todos los bienes y servicios vinculados a las actividades en el Lago de Maracaibo, desde las lanchas para el transporte de personal, buzos y mantenimiento, pasando por todo tipo de transporte, y maquinaria, incluyendo los talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza.
Es difícil que ningún análisis pueda exagerar la importancia de la tragedia que esta ley le acarrearía al país. Tampoco se dramatiza al asegurar que esa ley viene a completar y a cerrar el círculo que se abrió en 2003 con el despido ilegal de 20.000 profesionales de PDVSA. Un círculo que se continuó trazando en los años subsiguientes, con la inconstitucional nacionalización de las contratistas de servicios, las asociaciones estratégicas y los proyectos de ganancias compartidas.

El motivo de este empeño de destrucción de la principal empresa del país, se encuentra en el afán de control de un gobierno centralizador y dictatorial. Un gobierno que se ha declarado enemigo acérrimo de la propiedad privada y ha devenido en combatiente insigne para la destrucción de la productividad, competitividad y prosperidad de la nación.

Gracias a esta nueva ley, los contratos existentes se anularían y se transformarían en “contratos administrativos”. En consecuencia, el Estado no sólo podría escabullir el pago de sus deudas y evadiría el cumplimiento de sus compromisos con las empresas de servicios, sino que además se apropiaría de sus valiosos activos a precios de valor en libros, sin reconocimiento del derecho de lucro cesante, ni del valor de empresas en marcha. Tampoco reconocería fallo alguno de ningún tribunal de arbitraje internacional, pues supuestamente al anular el contrato también se anularía el compromiso de arbitraje. Esto es algo completamente irracional dado que la ley no puede ser retroactiva y los acuerdos internacionales seguirán siendo de obligatorio cumplimiento.

La visión de Juan Pablo Pérez Alfonso de ver a Venezuela producir sólo un millón de barriles diarios de petróleo (dado que su premisa partía de que una producción mayor sería perniciosa para el país), sería una realidad dentro de muy poco tiempo gracias a esta nueva ley sepulcro ordenada por Chávez.

  Ver: Proyecto de ley

 

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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía , el 06 05 09. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworld  07 05 09