Bueno, tal parece que el "regalo" que el Gobierno le tenía guardado a los venezolanos en estas navidades es asentarle un golpe mortal a la descentralización.
Por lo menos la Asamblea Nacional ya cumplió con esa encomienda presidencial, al acelerar esta semana una avanzada legislativa que reducirá a la nada las atribuciones de los gobiernos regionales y municipales.
La tarea de los parlamentarios se resumió en un paquete de tres leyes: una, la Ley del Consejo Federal de Gobierno, aprobada el martes 15 de diciembre en la noche, y dos más, ya aprobadas en primera discusión, la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, y la Ley Orgánica de Planificación Pública.
Habla por sí sola la exclamación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quién declaró al aprobar la Ley del Consejo Federal de Gobierno: "¡Ha muerto la descentralización!"
Según el abogado Carlos Vecchio, esta ley viene a desbaratar todo el proceso de descentralización, uno de los más importantes logros de la democracia del siglo XX. Afirma que, además, con esta ley se estaría violando la Constitución de 1999, dado que según ésta la transferencia de poderes debe darse desde el Poder Nacional hacia los estados y municipios, y no como ahora se pretende, desde "las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular", es decir Miraflores.
La realidad es que esta legislación concentra aún más el mando del país en las manos de Hugo Chávez, primero porque el Consejo Federal de Gobierno no podrá reunirse sin la anuencia del mandatario. Y, segundo, porque sólo Chávez tendrá la potestad para crear el "Fondo de Compensación Interterritorial", el cual apoyará "las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo", a través de la ejecución de obras y servicios esenciales pagados con los recursos provenientes de los supuestos excedentes de reservas internacionales.
La ley también crea unas "Regiones Federales de Desarrollo", distintas a los estados y municipios", que también serán definidas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros con la clara intención de sustituir a los gobernadores y alcaldes legítimamente elegidos, así cómo se hizo en el Area Metropolitana de Caracas.
Las otras dos leyes, la de Participación y Poder Popular, y la de Planificación Pública, son también claramente violatorias de la Constitución de 1999. El objeto de ambas leyes es la construcción de un modelo de "sociedad socialista", que sencillamente no está contemplado en la Constitución vigente.
Para "justificar" estas tres leyes se recurre de nuevo a la manida excusa de "darle mayor poder al pueblo" a través de la legalización de las comunas y unión de comunales, las ciudades comunales, el gobierno comunal, y cualquier otra organización de base del poder popular, al tiempo que se toman el poder para modificar la división político territorial de Venezuela.
La ley de Participación y Poder Popular, por su parte, establece la "propiedad social", negada en la propuesta de reforma constitucional de 2007. Según la nueva ley se entiende a ésta como "el derecho del Estado de conservar medios y factores de producción o entidades destinados a la satisfacción de las necesidades humanas esenciales". O sea, otra puerta "legal" para que el gobierno se apodere a su antojo de los bienes de los venezolanos.
No hay duda, como afirmó Aristóbulo Isturiz, que el deseo de Hugo Chávez es que el 2010 sea el año de la profundización de su proceso comunista.
Por lo menos la Asamblea Nacional ya cumplió con esa encomienda presidencial, al acelerar esta semana una avanzada legislativa que reducirá a la nada las atribuciones de los gobiernos regionales y municipales.
La tarea de los parlamentarios se resumió en un paquete de tres leyes: una, la Ley del Consejo Federal de Gobierno, aprobada el martes 15 de diciembre en la noche, y dos más, ya aprobadas en primera discusión, la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, y la Ley Orgánica de Planificación Pública.
Habla por sí sola la exclamación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quién declaró al aprobar la Ley del Consejo Federal de Gobierno: "¡Ha muerto la descentralización!"
Según el abogado Carlos Vecchio, esta ley viene a desbaratar todo el proceso de descentralización, uno de los más importantes logros de la democracia del siglo XX. Afirma que, además, con esta ley se estaría violando la Constitución de 1999, dado que según ésta la transferencia de poderes debe darse desde el Poder Nacional hacia los estados y municipios, y no como ahora se pretende, desde "las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular", es decir Miraflores.
La realidad es que esta legislación concentra aún más el mando del país en las manos de Hugo Chávez, primero porque el Consejo Federal de Gobierno no podrá reunirse sin la anuencia del mandatario. Y, segundo, porque sólo Chávez tendrá la potestad para crear el "Fondo de Compensación Interterritorial", el cual apoyará "las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo", a través de la ejecución de obras y servicios esenciales pagados con los recursos provenientes de los supuestos excedentes de reservas internacionales.
La ley también crea unas "Regiones Federales de Desarrollo", distintas a los estados y municipios", que también serán definidas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros con la clara intención de sustituir a los gobernadores y alcaldes legítimamente elegidos, así cómo se hizo en el Area Metropolitana de Caracas.
Las otras dos leyes, la de Participación y Poder Popular, y la de Planificación Pública, son también claramente violatorias de la Constitución de 1999. El objeto de ambas leyes es la construcción de un modelo de "sociedad socialista", que sencillamente no está contemplado en la Constitución vigente.
Para "justificar" estas tres leyes se recurre de nuevo a la manida excusa de "darle mayor poder al pueblo" a través de la legalización de las comunas y unión de comunales, las ciudades comunales, el gobierno comunal, y cualquier otra organización de base del poder popular, al tiempo que se toman el poder para modificar la división político territorial de Venezuela.
La ley de Participación y Poder Popular, por su parte, establece la "propiedad social", negada en la propuesta de reforma constitucional de 2007. Según la nueva ley se entiende a ésta como "el derecho del Estado de conservar medios y factores de producción o entidades destinados a la satisfacción de las necesidades humanas esenciales". O sea, otra puerta "legal" para que el gobierno se apodere a su antojo de los bienes de los venezolanos.
No hay duda, como afirmó Aristóbulo Isturiz, que el deseo de Hugo Chávez es que el 2010 sea el año de la profundización de su proceso comunista.
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Nota del Editor : Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 17 12 09. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.
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