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Tal como lo plantea el informe de la Asamblea Nacional, producto de las investigaciones en torno a la transnacional Exxon Mobil y su írrita demanda, la vieja PDVSA antes de ser antichavista ya se resistía al control del Estado, y aunque convivía con sus instituciones y mantenía alianza con los partidos tradicionales, los despreciaba y propugnaba por desplazarlos. En realidad la Corporación que se mantuvo de espaldas al país era esencialmente antinacional. Este hecho no era un secreto para nadie. El discurso globalizador y antinacional era público y notorio, con claras expresiones políticas. El origen de esta retórica se encuentra en el mismo acto de nacionalización y creación de PDVSA.

El “asalto al petróleo venezolano” en los años noventa tuvo esencialmente tres líneas de ataque: (I) La Internacionalización, con sus raíces en los años ochenta; (II) los Convenios Operativos; y (III) los Convenios de Asociación. Cada una de estas vertientes apuntaba al mismo objetivo: Minimizar la remuneración que correspondía a la Nación como dueña del recurso natural. Se trataba en consecuencia de un desmontaje sistemático del régimen fiscal existente y de cada uno de sus componentes.

Así, con la internacionalización el componente crítico era el control fiscal sobre los precios de exportación; con los Convenios Operativos lo era el impuesto sobre la renta; y con los Convenios de Asociación, además del impuesto sobre la renta, el componente crítico era el impuesto de exportación, el así llamado “valor fiscal de exportación”, específicamente la regalía.

En estos ejemplos se trata de una transferencia de ingresos cuyos beneficiarios inmediatos son los inversionistas respectivos. Empero, en cada uno de los casos mencionados los bendecidos son, en última instancia, los países consumidores.

Obviamente, los descuentos en los precios de exportación constituyen en lo inmediato un subsidio a la refinación; éste, sin embargo, por medio de la competencia tiende a traducirse en precios menores de los productos para los consumidores finales en el exterior. Asimismo, en los Convenios Operativos y de Asociación las rebajas impositivas de toda índole tienden a estimular la producción y, en consecuencia, a alterar la relación entre la oferta y la demanda. Por lo tanto las rebajas impositivas se traducen en precios menores. Desde luego, éste iba a ser el caso si –y sólo si– el Estado venezolano no limitaba la competencia, por ejemplo, por medio de cuotas de producción. Se entiende entonces por qué, simultáneamente con el régimen fiscal, también se fue desmontando el control estatal de producción. En otras palabras, la Apertura Petrolera de los años noventa fue concebida en función de los intereses de los países consumidores, y no de un país exportador como lo es Venezuela.

Como parte de la puesta en práctica de esta política antinacional, Petróleos de Venezuela se transformaría en el nuevo ente regulador, en sustitución al Ministerio de Energía y Petróleo. El Ministerio había sido el asiento institucional de la propiedad nacional del recurso natural al cual no dejaba de calificar como un recurso natural agotable y no renovable. PDVSA en cambio dominada por una meritocracia transnacionalizada, como el eventual nuevo ente regulador, actuaría en función de los capitales y consumidores globalizados; así, no atribuiría importancia ni valor alguno al recurso natural. Ejemplo de ello se encuentra en la tesis sostenida por algunos miembros de la alta gerencia de la estatal petrolera según la cual la Faja Petrolífera del Orinoco era infinita, de manera tal que no se justificaba cobrar una regalía por su explotación; por el contrario, el capital era presentado como el verdadero recurso escaso. En conclusión, lo conveniente era privatizar la industria petrolera, además si le sumábamos que nos encontrábamos en un escenario de precios bajos. Esta política antinacional no puede sino calificarse de perversa. De hecho sus mismos promotores jamás se atrevieron a defenderla públicamente y la envolvieron en una espesa cortina de humo. La Apertura Petrolera de los años noventa se presentó deliberadamente como una discusión excluyente de supuestos expertos altamente calificados y especializados, básicamente de juristas y economistas. Todos, directa o indirectamente, estaban al servicio de un sector petrolero dominado por la “meritocracia”. Pero ninguna cortina de humo, por muy espesa que fuese, podría ocultar las consecuencias de esta política, a saber: el colapso del ingreso petrolero nacional y por ende el creciente empobrecimiento del pueblo venezolano.

De allí que esta política antinacional iba a la par con el tejer de una telaraña jurídica, contractual e institucional con el fin de neutralizar, inmovilizar y despojar al pueblo venezolano de manera irreversible de su soberanía. En este empeño la meritocracia no conoció escrúpulo alguno. Sistemática y deliberadamente desinformó, engañó y mintió no sólo a la opinión pública nacional sino hasta al propio Congreso de la República. Todo ello ocurrió con la complicidad del corrompido liderazgo político de los partidos tradicionales. Pero inevitablemente el pueblo venezolano terminaría por reaccionar y por reclamar sus derechos soberanos como único dueño del recurso natural.

Sobre la Plena Soberanía

La política de Plena Soberanía Petrolera del Presidente Chávez consiste en derrotar y revertir la política antinacional de los años noventa, romper esa telaraña y construir un nuevo Régimen Petrolero. La Plena Soberanía Petrolera tiene así tres vertientes esenciales. Primero, se trata del rescate pleno de la soberanía que se refiere esencialmente al recurso natural. “Rescate” es el término apropiado. En efecto, la plena soberanía sobre el recurso natural se obtuvo con la Reforma Petrolera de 1943. Este éxito histórico fue posible por medio de una simple reforma. En este contexto el país contaba con dos circunstancias extraordinariamente favorables: La debacle del imperialismo petrolero en México en 1938, y la importancia del petróleo venezolano para los Aliados en plena Segunda Guerra Mundial. Venezuela era entonces el mayor exportador de petróleo en el mundo. Segundo, se trata de la nacionalización de la industria petrolera que fue frustrada en su primer intento, no obstante las circunstancias también extraordinariamente favorables de los años setenta, de aquellos años de la “Revolución de la OPEP”.

En 1943 el país era gobernado por el General Medina Angarita, un hombre de indudable vocación venezolanista; en cambio en 1976 el país fue conducido por Carlos Andrés Pérez, un hombre carente de una visión nacional, al igual que todo el liderazgo político envejecido de Acción Democrática. Tercero, se trata de la distribución popular de la renta petrolera. Pero al anacrónico liderazgo de Acción Democrática se le había olvidado que, en su juventud, ésta había estado en el centro de su proyecto político, económico y social. Luego, en pleno auge petrolero de los años setenta, la distribución de la renta petrolera se hizo cada vez más antipopular. Ello no era muy visible al principio, pues mientras duró el boom, todavía crecía el salario mínimo en términos absolutos. Pero a partir de 1983, con la caída del ingreso petrolero y en particular con la crisis cambiaria y la deuda externa, el empobrecimiento popular se hizo cada vez más evidente y dramático.

En relación al tema de la apertura petrolera, se ha argumentado que ésta posibilitaría mejorar la situación de pobreza en que se encontraban los venezolanos, pues la inversión de las transnacionales y del capital privado internacional generaría un importante nivel de retorno que permitiría mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Pero nada de esto ocurrió. En trece años de Convenios Operativos la gran participación de estas empresas en la Faja Petrolífera del Orinoco a través de las denominadas Asociaciones Estratégicas y la Internacionalización resultaron muy lejanos a los venezolanos. A tal punto que, creemos, sería conveniente realizar una investigación para determinar si efectivamente la población tuvo conocimiento del significado y alcance de la apertura petrolera y de los supuestos beneficios que traería al país esta política sustentada en el capitalismo.

Los resultados obtenidos en una investigación como la antes señalada -nos atrevemos a realizar esta conjetura- se inclinarían hacia un total desconocimiento de los procesos que implicaron la apertura petrolera (convenios, asociaciones e internacionalización). Y no porque la población no haya tenido interés sobre estas materias. Lo que ocurrió es que se trataba de una estrategia deliberada para impedir el verdadero conocimiento sobre estos temas. ¿Por qué? Estos asuntos, así como los inherentes a la política macroeconómica, fiscal o cambiaria eran cuestiones del dominio de "expertos".

Marbelys Mavárez es periodista- Trabajadora Social (marbemavarez@yahoo.es). Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por Aporrea.org
el 22 10 09. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores

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