José
Guerra : Petróleos de Venezuela:
¿Sociedad anónima o empresa de producción
social?
El intento del gobierno por promover el llamado socialismo
del siglo XXI, está llevando a una parodia de promoción
de la socialización de la economía, mediante
tres acciones. En primer lugar, el acorralamiento del sector
privado de la economía nacional; cuya destrucción
sería el fin ulterior de la política que adelanta
el presidente Chávez, en segundo término, la
constitución de un sistema de producción y distribución
basado en las asociaciones cooperativas y finalmente en el
establecimiento de las empresas de producción social
(EPS), especie de núcleos incipientes de compañía
no mercantiles. Aunque se ha discutido abundantemente sobre
el tema, se argumenta con razón que la mejor caracterización
del curso de la economía venezolana actualmente lo
signa el fortalecimiento del capitalismo de Estado.
La
consolidación de ese esquema capitalista estatal pasa
por una exacerbación de la intervención del
gobierno en la economía, como no lo había atestiguado
Venezuela, tanto en su rol de regulador como de productor.
No obstante, el Estado está usando el poder de compra
que le confiere un ingreso petrolero abundante para forzar
a las pocas empresas manufactureras privadas grandes que subsisten
en Venezuela para que se transformen en EPS, como requisito
imprescindible para poder contratar con PDVSA. Con ese objetivo,
a partir del 1 de octubre de este año, todas las empresas
que participan en procesos de licitación o contratación
que realice PDVSA deben estar inscritas en el Registro de
Empresas de Producción Social, de otra manera no se
puede celebrar ningún contrato. Similarmente, PDVSA
instruyó que todas las facturas que emitan los contratistas
deben indicar si la empresa es de producción social
o una promotora de empresas de producción social.
Pero,
¿qué es una empresa de producción social?
En el “Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo
y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (EPS)”,
se define la naturaleza de estas unidades económicas
de esta manera “… las Empresas de Producción
Social impulsarán la formación de un sistema
comunal de producción y consumo, logrando que los excedentes
generados por éstas se reinviertan en obras y actividades
de interés social…”. De acuerdo con esa
orientación, las EPS: “… representan uno
de los mayores y más poderosos instrumentos para la
superación de la economía rentista, capitalista
y dependiente por la nueva economía del socialismo
del siglo XXI…”.
Más
claro no puede ser el propósito: el Estado pretende
instaurar un esquema socialista para lo cual la constitución
de nuevas formas de propiedad resulta fundamental. Que lo
alcance es otro tema. Cuando se examina con atención
lo qué está haciendo el Estado venezolano en
materia económica se encuentra que las actividades
más importantes siguen estando en manos del gobierno
y que la socialización de los medios de producción
es un artificio para enmascarar la estatización de
la economía. Ello remite al tema de la cogestión,
lo que no significa la propiedad de los trabajadores sobre
las empresas. De esta manera, la cogestión se está
empleando como un instrumento adicional para imponer el modelo
socialista, cuya expresión concreta es la reducción
de la economía privada a su mínima expresión`,
principalmente la de origen nacional, para amplificar así
el papel del Estado en la economía.
La
prueba más evidente de ello es que en la principal
industria de Venezuela, PDVSA, no se aplica la cogestión
ni se ha transformado en una empresa de producción
social. Si el modelo cogestionario es tan bueno o las EPS
tienen tantas virtudes, habría que esperar que el ensayo
socialista comenzara por PDVSA. Contrariamente, esta empresa
se maneja como un cuartel al ser una compañía
absolutamente vertical donde no se admite la disidencia y
ni criterios técnicos diferentes a los establecidos
por la cúpula de privilegiados que se hizo con el mando
de la industria. ¿Porqué si el gobierno cree
sinceramente en la socialización de los medios de producción
no transforma a PDVSA en una empresa de producción
social? Porque el gobierno en realidad no cree en la propiedad
social, la de los ciudadanos como dueños de los bienes,
sino en la propiedad estatal.
Las
medidas que ha adoptado PDVSA, las cuales procuran que sus
contratistas sean EPS seguramente no se aplican a los suplidores
internacionales de la industria petrolera, sino a los criollos.
Allí se observa claramente la naturaleza discriminatoria
de esa política. Mientras las EPS y las cooperativas
se limitan a la recolección de basura, escombros, a
la prestación de servicios de vigilancia, al ornato
y a intentos fallidos de fabricar camisas y cuadernos, entre
otras actividades, el Estado no suelta ni un milímetro
el control ni abre la participación de los venezolanos
a la industria petrolera. De esta manera, en Venezuela el
socialismo del siglo XXI degeneró tempranamente en
lo que fue el sello de origen de lo que se denominó
el socialismo real: el estatismo, es decir, el dominio del
Estado sobre la economía y sobre la vida y destino
de la gente.
José
Guerra es
economista. Sus puntos de vista no son necesariamente las
de Petroleumworld en Español.
Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por
Analitica, el Jueves, 5 de octubre de 2006. Petroleumworld
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