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Sergio Sáez : Carta a Aida: Petrorinocos

Estimada Aida:

Esta tarde, bajo ese sol y calor llanero en Cayaurima, y en cadena nacional, te observamos jovial y agradecida de recibir de manos del tte. cnel. (r), un certificado con un paquete de nuevos bonos llamados “Petrorinoco”, al igual que lo hacían otros empleados públicos, algunos con sus capacidades disminuidas y acompañados de familiares.

Hizo grandes esfuerzos el anfitrión para tratara de explicar, con el mayor lujo de detalle, el significado y bondades del novedoso mecanismo financiero ideado para tratar de resarcir, aunque tardíamente como se disculpó el anfitrión, la gran deuda con los empleados públicos durante los trece años de su régimen. Lamentablemente, demostró desconocimiento sobre la materia y escaza información recibida de sus ministros colaboradores, o poco ensayo. Lo que le impidió su lucimiento, como quería hacerlo.

El valor nominal (facial, como dicen los entendidos) de estos bonos, debe corresponder con el monto del pago de los conceptos siguientes: indemnización de antigüedad; compensación de transferencia a un nuevo sistema de cálculo de la misma; e intereses devengados hasta la fecha de cesión de los bonos. Que legalmente le corresponde como deuda pendiente, y que se originó desde que aprobó en 1997 la Comisión Tripartita, como corte de cuenta para cambiar al nuevo sistema de seguridad social, y que recogió la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 en su artículo 666.

Conceptos que debieron ser cancelados, en su totalidad, bajo un esquema de pagos proporcionales progresivos, en efectivo y en títulos públicos garantizados y negociados a corto plazo (literal b), y dentro del plazo de los cinco primeros años (Artículo 668) después de hecha la reforma. Es decir, hasta Octubre de 2004.

La empresa privada cumplió con lo indicado en la Ley, pero no así el gobierno con gran parte de sus empleados públicos. A excepción de una parte de los trabajadores de los sectores de Educación y de Sanidad, por su tenacidad en la protesta y su efecto sobre la estabilidad del país.

Hace entonces 8 años, que a la prestación de antigüedad, y por extensión, la compensación complementaria, se le vencieron los plazos establecidos sin que el Estado honrara el pago en su oportunidad.

En consecuencia, dichas obligaciones deben ser consideradas “de plazo vencido ”. Por tal virtud, resultar exigible en su totalidad y al contado en moneda de curso legal.

Dichas deudas deben estar depositadas en fideicomisos en cuentas bancarias, ganando los correspondientes intereses de mora, a la tasa activa determinada por el BCV. En consecuencia, de acuerdo al Artículo 108, Parágrafo Segundo, el Trabajador tiene derecho al anticipo hasta del 75% de lo acreditado o depositado, para satisfacer las obligaciones que allí se derivan.

Por tanto, no puede ser aceptado, bajo ningún concepto, que el tte. cnel. (r) pretenda " honrar " la deuda “ de plazo vencido ”, transformándola en " nueva deuda ", mediante un esquema financiero de pago con papeles. Es decir, con más deuda. Y si hubiera que hacerlo, se debería exigir que el interés del bono sea indexado a la inflación real, y a devaluación, y que su canje se haga siempre a valor nominal. No tienen los empleados públicos ver disminuidos sus derechos de prestaciones sociales vencidas.

Si todos y cada uno de los empleados públicos a quienes le adeuda el Estado, exigieran el pago en efectivo, estimado en unos US$ 20.000 millones, este no tiene con que pagarle. Por eso recurre a este mecanismo. Sobre todo en las proximidades de elecciones presidenciales, para engañar una vez más al pueblo sobre su interés en resolver los problemas sociales. Basta con observar el tan sonado aumento del salario mínimo hecho efectivo a partir del 1º de mayo de 2012, que todavía la dirigencia sindical y política no ha digerido. El tte.cnel. (r) pregonó a los cuatro vientos que el aumento efectivo del salario mínimo era del 32,35%, producto del aumento del 15% sobre otro 15%, haciendo gala de las “ matemáticas pulperiles ”, como nos tiene acostumbrado (véase http://www.youtube.com/watch?v=egt7a1NZDWo ),

Este argumento lo sustentaron también algunos ministros y líderes políticos y sindicales. Lo que si es cierto que mediante el decreto presidencial Nº 8.920 del 24 de abril de 2012 (veáse http://cdn.bonus.com.ve/site/24-04-2012-aumento-salario-minimo.pdf ), en su Artículo 1. “Se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de este Decreto.” Hasta aquí queda evidenciado que la intención del legislador (el tte. cnel. -r-) era la de aumentar el salario mínimo en un 30% , lo cual sin duda alegra a todos los beneficiarios.

Pero lo malo viene de seguidas, cuando se detalla la implementación del aumento, a saber: “pagando la cantidad de UN MIL SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 1.780,45) mensuales, esto es, CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 59,34) diarios por jornada diurna, a partir del 1° de mayo de 2011, el cual representa un aumento del quince por ciento (15%), y el quince por ciento (15%) restante se incrementará el 1º de septiembre del año en curso , quedando, a partir de esta fecha, en la cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 2.047,52) mensuales, esto es, SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON VEINTICINCO (Bs. 68,25) diarios por jornada diurna.

Como quiera que al no aplicar el aumento del 30% por una sola vez y desde e 1º de mayo de 2012, el aumento real se transforma en el 26,5%. Es decir, un 12% inferior, y que el aumento real se lo traga la también inflación real. Este vil engaño se ha venido haciendo en los tres últimos años.

Lo más triste es que se está engañando a lo más vulnerable de nuestra población. Cuatro millones de compatriotas integrados por pensionados y pensionadas, adultos en amor mayor, madres del barrio, glorias deportivas, pescadores, adolescentes aprendices, discapacitados.

Por otra parte, afirmó el tte. cnel. (r), avalado con el silencio de sus ministros, que la tasa de los bonos será del 18%, y que los mismos no podrán ser vendidos en la Bolsa de Valores, sino transcurrido un año de la fecha de su entrega a los deudores que acepten este mecanismo. Aclaró si, que de necesitarse efectivo, se podrán “entregar” al Banco de Venezuela. Tal vez como aval para algún préstamo, aunque no fue explicito el anfitrión.

Es oportuno significar que la tasa indicada por el Banco Central de Venezuela para los intereses de prestaciones en fideicomiso, por todo este período, ha estado por debajo de la inflación real. Por lo que los montos adeudados por el Estado han venido desvalorizándose progresivamente (licuando), y continuará haciéndolo con este novedoso mecanismo del Petrorinoco. Máxime que por ley los intereses de las prestaciones no son capitalizables. Los mismos aumentan periódicamente en solo el nuevo monto de interés sobre el valor nominal de las prestaciones.

No hay que extrañar, sobre todo cuando personeros del BCV anuncian que no habrá devaluación, que de producirse, todos los empleados públicos inmediatamente verán reducirse sus depósitos en no menos del 50%.

Me permito darle toda esta explicación, para que todos aquellos empleados públicos que se encuentran en la misma situación, conozcan de su derecho, y no sean objeto de engaño que comprometen aún más sus menguadas prestaciones sociales.

Te felicito por tu buena voz. Estoy seguro te servirá para defender tus derechos, si consideras que te fueron vulnerados.

Guardo un gran aprecio por “ Dacha ” desde nuestra secundaria en el

Sergio Sáez

Agosto 22, 2012

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