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Discurso del ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, en el Tercer Seminario Internacional de la OPEP:
"OPEP en una nueva era energética: desafíos y oportunidades"
Septiembre 2006
Excelencias, damas y caballeros. Es un honor estar aquí participando como expositor en este prestigioso Tercer Seminario Internacional de la OPEP; se me ha solicitado decir algunas palabras en torno al “Rol de la energía en los países en desarrollo”. Siendo Venezuela un país productor de petróleo y en desarrollo, me permitiré hablar entonces de nuestra propia experiencia, donde el petróleo juega un rol crucial en nuestras posibilidades de desarrollo.Esta breve exposición habla sobre el camino que nosotros en Venezuela hemos recorrido en estos últimos años para restablecer la plena soberanía sobre el manejo de nuestro petróleo, duro proceso que, liderizado por el Presidente Hugo Chávez, ha requerido movilizar a todo el pueblo en defensa de nuestro principal recurso, en una dura confrontación con el interés transnacional y sus agentes políticos nacionales. Esta experiencia creemos que es un modesto aporte a nuestros hermanos países productores de petróleo, es una lección.
Venezuela fue un laboratorio, un terreno donde se desplegó una sofisticada estrategia concebida por los centros del pensamiento de los países consumidores para arrebatarnos el control soberano de nuestros recursos naturales y, en consecuencia, liquidar a la OPEP. Esta estrategia llamada “de apertura”, se fundamenta en la globalización del recurso natural, y se enmascara en cierta corriente de modernidad donde el Estado nacional, administrador de la tasa de explotación y con soberanía impositiva sobre sus recursos naturales resulta en un concepto anacrónico, que impide el libre acceso al capital para la explotación y el comercio del petróleo.
En nuestro país esta estrategia antinacional se fundamentó en un inesperado aliado: nuestra propia empresa nacional, PDVSA. Ésta, cual verdadero Caballo de Troya, fue desplegando uno a uno los elementos de la “apertura petrolera” y desmontando nuestra tradicional política petrolera hasta confrontarse de manera abierta y violenta al Estado Venezolano. Hace dos años todos estábamos todavía bajo el impacto que había causado en nuestras mentes y en el mercado dicha confrontación, que había culminado con eventos extraordinarios bien conocidos por todos. En abril de 2002, el tren ejecutivo de PDVSA promovió un golpe de Estado militar; y entre diciembre de 2002 y enero de 2003, promovió un segundo golpe de Estado, esta vez económico, predicado sobre la paralización de las exportaciones petroleras. Después de ocasionar graves daños y pérdidas de más de 14.700 MM$ a nuestra industria petrolera, ese tren ejecutivo fracasó en ambas oportunidades y, finalmente, sus miembros perdieron todas sus posiciones dentro de nuestra compañía nacional. Así en el 2003 el Estado Venezolano recuperó el control de PDVSA.
El hecho es que la vieja PDVSA había sido víctima de una estrategia de captura – la expresión anglosajona es ‘agency capturing’ – por parte de ciertos países consumidores y compañías petroleras internacionales. En vez de servir a los intereses de la Nación como dueña del recurso natural, trató de imponer y de implantar políticas concebidas por aquellos actores. En esencia, PDVSA se quiso convertir en una ‘corporación energética global’, para beneficio único del consumidor en los países desarrollados, identificándose ideológicamente con su pensamiento y deslastrándose de los problemas típicos e inconvenientes de un país dependiente como el nuestro. A partir del 2003, el Estado venezolano recapturó su ‘agencia’: la nueva PDVSA está orgullosa de servir a la Nación, como compañía petrolera definitivamente nacional, no sólo en la generación de rentas y regalías tan importantes para todo país exportador de petróleo, sino también en la ejecución de políticas económicas y sociales, definidas por el gobierno nacional y relacionadas con la distribución de estas rentas: la siembra del petróleo.
Recapturar la agencia no suponía simplemente sustituir un tren ejecutivo por otro nuevo, y de recuperar la producción. No; era la oportunidad de restablecer los fundamentos de nuestra política petrolera soberana, hacer cumplir nuestra Constitución y marco legal vigente desde el año 1999 y 2002, desmontando todo el andamiaje de la “apertura petrolera” que sostenía la vieja PDVSA.
El primer aspecto fue restablecer en el Estado Venezolano, por intermedio del Ministerio de Energía y Petróleo, la conducción de la política petrolera venezolana, fortaleciendo a la OPEP y subordinando la empresa nacional a las decisiones del Estado Venezolano. Fortaleciendo al Ministerio de Energía y Petróleo, tradicional asiento institucional de la política petrolera venezolana, y a todos los organismos de control del Estado, se han venido restableciendo gradualmente todos los aportes de PDVSA al fisco nacional; se ha transparentado la gestión como empresa y los mecanismos de rendición de cuentas al Estado Venezolano, su único accionista; se han alineado los planes de inversión y la expansión de la industria de acuerdo a nuestros planes nacionales. Esta nueva situación nos ha permitido iniciar un proceso de revisión y ajuste al marco legal vigente de todos los negocios de la “apertura petrolera” donde la vieja PDVSA tenía un rol estelar o estaba en condición de “escudo fiscal” para las empresas transnacionales; en particular nos queremos referir a: la Internacionalización, los Convenios de Servicios Operativos y las Asociaciones.
Internacionalización
Así se conoce la política de inversiones en el extranjero que desplegó durante casi veinte años, de 1983 a 2002 la vieja PDVSA, orientada a la integración vertical con las actividades de refinación, distribución y mercadeo en grandes países consumidores. Era el propósito de convertirse en la “corporación energética global” con una intensidad de inversiones del orden de quince mil millones de dólares fundamentalmente en los EEUU, a través del circuito de CITGO, y en Alemania a través del circuito de ROG, precisamente en los momentos en que el Estado Venezolano sufría una de sus peores crisis económicas, el país sufrió una masiva descapitalización y fuga de capitales y su empresa nacional PDVSA, fue un actor fundamental en este proceso. El tren ejecutivo de PDVSA desplegó una estrategia para sacar activos del control del Estado Venezolano, interponiendo entre el mismo y las nuevas adquisiciones el “velo corporativo”, sujetando las mismas a legislaciones extranjeras y obligaciones financieras que imposibilitaran el control del Estado Venezolano.
Durante casi veinte años, las cuantiosísimas inversiones en refinerías en el exterior no habían generado ni un sólo dólar de dividendos para el accionista último de PDVSA, es decir, el Estado venezolano. Todo dividendo se reciclaba dentro de la misma estructura y se volvía a invertir, a gastar y a malgastar en el exterior, acumulando activos fuera del control del Estado. A partir del 2003, sin embargo, se pudo dar fin a esta situación y ahora los dividendos sí llegan a su destino, a las arcas del Estado venezolano. Desde 2004 al presente los dividendos sumaron unos tres mil millones de dólares y hemos iniciado una profunda revisión de estas inversiones en el exterior desprendiéndonos de las innecesarias y retribuyendo al Estado Venezolano parte de sus inversiones y reponiendo las pérdidas sufridas.
Un aspecto fundamental de la internacionalización al cual estamos dando fin tiene que ver con el hecho de que todos los convenios de suministro con las filiales y las asociaciones en el exterior concedían descuentos sustanciales sobre los precios de mercado, estamos hablando de descuentos entre 2 a 4 $/Barril, además de que las formulas permitían que los costos de operación se descontarán del precio con lo que se producía un traslado de costos hacía Venezuela y en consecuencia una evasión impositiva en nuestro país, donde la tasa de impuesto era mayor que la aplicada en los Estados Unidos.
Adicionalmente PDVSA utilizó para endeudarse en el exterior mecanismos de financiamiento que colocaban estos contratos de suministro como “colaterales” para la banca; de manera que para poder poner fin a esta práctica anti-nacional y perversa de los descuentos, hubo que reestructurar primero las deudas en cuestión, disminuyéndola de 9000 MM$ a 3000 MM$. En algunos otros casos, la dificultad consistía en que el socio privado alegaba derechos adquiridos sobre los descuentos concedidos contractualmente, y salirse de la asociación en cuestión era, desde luego, muy laborioso. Sin embargo, como lo demuestra nuestra reciente salida de la asociación con Lyondell, no permitiremos que estos obstáculos de orden práctico se conviertan en pretextos para no enderezar los entuertos del pasado. Además, seguiremos adelante con la revisión de todos y cada uno de estos contratos y tomaremos las acciones necesarias para dar fin de una vez por todas a la práctica de los descuentos, estableciendo para todos nuestros crudos y productos un sistema público de fórmulas de precios.
Convenios de Servicios Operativos
Pasemos ahora a otro elemento de la política de desvalorización del recurso natural de la “apertura petrolera” instrumentada por la vieja PDVSA: los convenios de servicios operativos. Con ellos, llegamos al corazón del problema de cómo ha de llevarse a cabo la regulación del acceso al recurso natural y en beneficio de quién ha de hacerse. Desde el 1o de enero de 1976, fecha de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, la exploración y producción de petróleo son actividades reservadas al Estado. Desde entonces, estas actividades no pueden ejercerse por partes privadas sino en asociación con, y bajo control de, la empresa petrolera nacional. Pero a partir de 1992, la vieja PDVSA, ya capturada y cual “caballo de Troya”, basándose en todo su poder, sofisterías e interpretaciones ‘creativas’ de la Ley, se arrogó las facultades en materia de acceso al recurso natural que competían al Ministerio para otorgar los Convenios de Servicios Operativos (CSO).
Mediante estos mal llamados Convenios Operativos, las compañías petrolera privadas, burlando la Ley vigente, se convirtieron en la práctica en productores de petróleo en el área concedida por la empresa nacional, aunque este hecho fundamental fue encubierto por sofismas legalistas que tenían el concepto de ‘servicios’ como núcleo: los así llamados contratistas formalmente no exploraban, solamente prestaban el servicio de explorar; formalmente tampoco producían, solamente prestaban el servicio de producir. Finalmente, el petróleo producido supuestamente tampoco era de su propiedad, sino que se entregaba a PDVSA, y PDVSA supuestamente no compraba pues sólo remuneraba los ‘servicios’ prestados. Así, se les pagaba a los contratistas diversas remuneraciones (OpFee, CapFee, estipendios e incentivos), todas ellas indexadas a fórmulas sofisticadas que – vaya sorpresa – sumaban simplemente alrededor de un 60% del valor de mercado de la producción. PDVSA y el fisco nacional se quedaban con el 40% restante.
En enero de 2005, habiendo recuperado nuestra empresa petrolera nacional, decidimos poner fin a esta farsa indignante y tan perjudicial para el país. Existían entonces treinta y dos CSO que producían unos 500 MBD. Como ya dijimos, en promedio se quedaban con el 60% del valor mercantil; sin embargo, había diferencias individuales importantes. Había un par de casos extremos – difícil de creer, pero así fue – donde a los contratistas se les pagaba más del 100% del valor de mercado del crudo; es decir, la Nación sufría pérdidas por cada barril producido. En otros casos, el porcentaje superaba el 70%, de manera que PDVSA sufría pérdi-das, pues era PDVSA – y no las contratistas – quien tenía que pagar la regalía a una tasa de 30% (porque la regalía la paga el supuesto productor, y las contratistas, supuestamente, no eran productores sino nada más que prestadores de servicios). A otros contratistas se les pagaba un “incentivo” de un millón de dólares día por haber acumulado un nivel de producción determinado. Para el cierre del año 2004, el costo por barril de la producción propia de PDVSA no superaba los 4$/Barril, en cambio el costo por barril de la producción de los CSO alcanzó los 18$/Barril y PDVSA tuvo que pagar más de 3000 MM$ por este concepto.
Por cierto, sobre la base de las mismas sofisterías y tergiversación, a las contratistas de los CSO tampoco se les aplicaba la tasa del impues-to sobre la renta para actividades petroleras – de 50% – sino la tasa del impuesto sobre la renta para actividades no petroleras de 34%, por tratarse, supuestamente, de simples compañías de servicios.
El primer paso que tomamos en 2005, fue poner fin a las situaciones de abusos extremos y limitar la remuneración total a las contratistas de manera que PDVSA – y menos aún la Nación – bajo ninguna circunstancia sufriera pérdidas asociadas a la producción. Luego, la autori-dad nacional competente en la materia de impuesto sobre la renta calificó a los CSO como productores de petróleo, y no como prestadores de servicios, con lo que se les aplicó la tasa petrolera de 50% a todas sus declaraciones de impuesto sobre la renta para los períodos fiscales todavía abiertos, es decir, desde 2001 al presente. Estas medidas, muy prudentes de por sí, generaron un ingreso fiscal adicional de mil millones de dólares. Luego, el gobierno cuestionó, con argumentos sólidos, la legalidad de estos convenios en su totalidad. Pero, al mismo tiempo, ofrecimos una solución: la de migrar a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual establecía reglas claras para Empresas Mixtas con una participación accionaria mayoritaria de la empresa del Estado.
Para no hacer el cuento largo, las negociaciones duraron 15 meses y terminaron con el siguiente acuerdo: los CSO se convirtieron en empresas mixtas; las regalías aplicables se elevaron a un tercio (33,33%); la tasa de impuesto sobre la renta aplicable es de 50%. Además, para poner coto a la evasión del impuesto sobre la renta, se introdujo un ‘impuesto sombra’ de 50% sobre el ingreso bruto. Así, las regalías y el impuesto sobre la renta, si fuera preciso, se complementarían con ese ‘impuesto sombra’ de manera que el total nunca fuera infe-rior al 50% del ingreso bruto. Finalmente, PDVSA asumió como mínimo una participación accionaria de 60%. Los derechos de ejercer las actividades primarias de exploración y de explotación, dentro de áreas determinadas por el ejecutivo nacional – las cuales coinciden con las áreas de los antiguos CSO, pero reducidas drásticamente, aproximadamente a un tercio de su extensión anterior – tienen una vigencia de veinte años.
Es preciso aclarar que la empresa mixta es una empresa operadora. Es decir, no se trata de una superestructura debajo de la cual pudiera resurgir algo semejante a los CSO de antaño. Asimismo, PDVSA actúa estrictamente como socio, y no está involucrada en así-llamadas ‘cláusulas de estabilidad’, mediante las cuales PDVSA actuaba como paraguas fiscal o, peor, desempeñaba el papel de rehén, garantizando a los inversionistas privados el pago de indeminizaciones para compensar cualquier variación en el régimen fiscal que pudiera decidir la soberana Asamblea Nacional. Las empresas mixtas tampoco admiten el arbitraje internacional. Para ser más preciso: el capital privado extranjero sí puede recurrir al arbitraje internacional, pero solamente contra el gobierno y no contra su socio, y solamente en base a la Ley de Protección a las Inversiones, una ley general que se aplica por igual al sector petrolero y no petrolero.
De los treinta y dos contratistas, treinta finalmente aceptaron las condiciones reseñadas. Entre ellas se encontraban todo tipo de compañías internacionales, estadales y privadas, y hasta pequeñas empresas privadas latinoamericanas y venezolanas. En dos casos no se llegó a un acuerdo, causa por la cual el gobierno nacional canceló los CSO en cuestión el 1o de abril de 2006. Sin embargo, me complace poder informarles que incluso en los dos casos que no hubo acuerdo el 31 de marzo de 2006, estamos negociando en un ambiente muy positivo, unos arreglos propiamente económicos que son consistentes con las condiciones generales que habíamos establecidos para la migración. En otras palabras, creemos que, en un futuro cercano podremos afirmar sin reserva alguna, que tuvimos éxito en un 100%.
Asociaciones
Sin embargo, en el proceso de instrumentación de política establecida por el Presidente Chávez de construir un nuevo régimen petrolero y desmantelar la “apertura petrolera” todavía nos falta dar un par de pasos más.
El primero de ellos involucra a las Asociaciones para el mejoramiento de crudo extrapesado prove-niente de la Faja Petrolífera del Orinoco, las cuales producen unos 620 MBD que se transforman en unos 560 MBD de crudo mejorado. Aunque aprobadas en los años noventa por el entonces Congreso Nacional, estas asociaciones adolecen de defectos económicos y jurídi-cos semejantes a los reseñados en el caso de los CSO. Algunos ya se han remediado. Por ejemplo, las asociaciones pagaban regalías a la tasa de un por ciento; esta tasa, en 2004, la elevamos a un sexto y, en el transcurso de este año, a un tercio. Asimismo, se les aplicaba la tasa de impuesto sobre la renta para actividades no petroleras de 34%; mediante una reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta, acabamos de elevar esta tasa al 50% (es decir, la aplicable a actividades petroleras). Por otra parte, ya invitamos a las cuatro asociaciones a migrar hacia la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Concretamente, ello implica que PDVSA tomará una mayoría accionaria en las actividades primarias, de exploración y producción.
Finalmente, para terminar de recuperar el régimen petrolero de la nacionalización, queda pendiente el caso de las tres asociaciones llamadas de ‘Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas’, formadas en 1997 para la exploración y producción de petróleo convencional. Estas asociaciones todavía no han entrado en su fase de producción aunque sí han hecho descubrimientos significativos. Éstas también se transformarán de manera análoga a las asociaciones para mejoramiento de crudo extrapesado y, cuando esto suceda, habremos cumplido con nuestro propósito de crear un nuevo régimen petrolero, acorde con la consigna acuñada por el Presidente Chávez: Plena Soberanía Petrolera.
Para concluir, al iniciar mi exposición señalé que nuestra experiencia está a disposición de nuestros hermanos países productores de petróleo, como un aporte al fortalecimiento de nuestras políticas nacionales por el control y defensa de nuestro petróleo, la política de Plena Soberanía Petrolera tiene sus fundamentos en los principios que dieron pie a la fundación y crecimiento de la OPEP.
Sin embargo, creemos que en esta experiencia también hay un mensaje para los grandes países consumidores y las empresas transnacionales privadas: no puede haber estabilidad en el mercado petrolero mundial si no existe estabilidad en los países productores de petróleo, y esto significa estabilidad político-social, justicia y distribución nacional del la renta petrolera.
La política de Plena Soberanía Petrolera se refiere tanto al recurso natural, agotable y no renovable, como a la actividad industrial. No excluye, como lo demuestra nuestra reseña de la misma, la presencia del capital extranjero. Sólo se le exige, al mismo, respeto de nuestros derechos soberanos. Obviamente, no se le pide convertirse en vocero de nuestra política petrolera nacional en los países consumidores; pero también se le pide que se abstenga de promover políticas concebidas por ciertos países consumidores que todavía añoran su pasado colonial o imperial. El capital extranjero está bienvenido mientras se dedique a las actividades industriales propiamente dichas y aspire legítimamente a una ganancia razonable, pero también acepte sin reservas la legitimidad de nuestra aspiración de una remuneración justa para el recurso natural, agotable y no renovable.
Muchas gracias.
Petroleumworld 12 09 06
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