Toda
acción o inacción produce consecuencias
Por
Virginia
Contreras
" Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".
(Albert Einstein)
De
ser ciertas las mediciones que de su gestión ha venido
analizando meticulosamente el presidente de la República,
hecho que lo ha llevado hasta al maltrato verbal a sus seguidores
frente a las pantallas de televisión, lo último
que podría ocurrírsele sería el proponernos
una reforma constitucional. De más está decir que
esos mismos números le han advertido respecto al rechazo
mayoritario, incluyendo de su propia gente, respecto a conceptos
tan importantes como la reelección indefinida o el cambio
al sistema de gobierno socialista. ¿Pero qué misterio
existirá para que Hugo Chávez se atreva a correr
tamaño riesgo, a despecho de que su propuesta fuere contundentemente
rechazada? Uno muy sencillo: el perverso mecanismo electoral.
En
efecto; tal y como quedó establecido por nuestro máximo
Tribunal del país con ocasión de la convocatoria
a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 realizada por el
mismo Hugo Chávez, las condiciones a aplicar para las
Asambleas Constituyentes y los referenda, son las mismas que
para los procesos eleccionarios. Esto es, un Consejo Nacional
Electoral rojo-rojito; un Registro Electoral Permanente cuyo
contenido nadie conoce, engrosado con dudosos ciudadanos cuyos
documentos de identidad han sido obtenidos en procedimientos
nada ortodoxos; un sistema de votación tan sofisticado
que ni en los países más desarrollados ha sido
adoptado oficialmente; ausencia de auditorias antes, durante
y después del proceso; y todo esto con la participación
de una empresa de computación escogida sin mayor procedimiento
que el estiramiento del dedo que propició su contratación.
Esto sin contar con que dada la avanzada tecnología aplicada,
hasta el presente no existe Observador Electoral en el planeta
capaz de supervisar medianamente dicho proceso; entre otras cosas
porque su formación se basa en la verificación
de los mecanismos tradicionales de las votaciones manuales. Esto último
es lo que nos ha hecho ver por la OEA como unos locos de carretera
cada vez que hemos denunciado a voz en cuello la existencia de
un fraude, idea que evidentemente no comparten quienes se limitan
a verificar que los Centros de Votación abrieron a las
seis de la mañana y cerraron a las cuatro de la tarde;
o que había mujeres embarazadas en las colas.
Por
si esto fuera poco, hoy en día el proceso electoral
posee un elemento contundente que garantiza "la eficiencia
del sistema": el manejo absoluto por parte del gobierno
venezolano de la CANTV, empresa de telecomunicaciones del Estado
encargada de la transmisión de los datos de las votaciones.
Bajo
estos parámetros, y con los antecedentes por todos
conocidos, todavía hay personas en Venezuela que estimulan
a nuestros compatriotas a votar…
No
somos psiquiatras para entender las razones del interés
suicida de unos cuantos. Pero así como señala el
adagio respecto a que "el camino del infierno está lleno
de buenas intenciones", las consecuencias de participar
en dicho proceso son tan graves para todos los venezolanos, que
a despecho de ser maldecidos por algunos detractores, preferimos
el convertirnos en víctimas de tales sentimientos de una
sola vez, que pasar toda la vida maldiciendo individualmente
a quienes intentaron convencernos de lo inconvencible.
Es
obvio que el no acudir a las urnas electorales sin chistar,
podría ocasionar un efecto similar al de aceptar dicha
reforma. Esto en virtud de que muy seguramente el gobierno se
encargará de buscar bajo las piedras a cuanto eventual
votante esté disponible, a cambio probablemente de alguna
prebenda. De allí que, en ejercicio de esa "soberanía",
la cual reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce
mediante el sufragio ( Artículo 5.- Constitución
Bolivariana) estemos obligados indefectiblemente a exigir a todos
los poderes públicos, actualmente en manos del presidente
de la República, el mínimo respeto a aquella. Este
respeto se traduce en el restablecimiento de las condiciones
indispensables que garanticen la voluntad popular, cualquiera
que esta fuera. Si bien es cierto que dicha labor es algo más
que Titánica; no es menos cierto que resulta vital, si
consideramos que somos los ciudadanos los poseedores del poder
originario. Somos nosotros quienes estamos en capacidad de regular
y dirigir nuestro destino político como Nación
y crear o vetar Constituciones; y en ningún caso nuestros
gobernantes como lo pretende hacer ver el presidente de la República
y su genuflexa Asamblea Nacional. Recuperadas esas condiciones,
no habría excusa alguna para no participar en cualesquiera
procesos electorales, por muy absurdos que éstos parecieran.
Ese es el juego de la democracia; y ese es el riesgo de la libertad.
Toda
acción o inacción produce consecuencias.
Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy será trascendental
para nuestro futuro como Estado democrático y Nación
soberana. Si las condiciones electorales son las actuales, violando
con ello la Constitución y leyes electorales, podrán
tener claro los venezolanos, que de insistir el gobierno nacional
en imponernos su voluntad, nunca será igual dicha Constitución,
adoptada bajo los gravísimos vicios señalados y
en contra de un pueblo que se negó a convalidarlos, que
una en donde todos confluyéramos en un único objetivo,
como lo es el afianzar los valores democráticos hoy en
extinción en Venezuela.
No
es un problema de dedicarle largas horas de audiencia a discutir
si nos gusta o no la propiedad comunitaria; o si nos encantaría
salir del trabajo dos horas antes, o dormir una hora más.
Ni siquiera el fondo del asunto es la reelección indefinida,
abominable elemento que solo de pensar en la presencia de una
misma persona en el poder hasta su muerte es suficientemente
aterrador. Resulta incomprensible que gente de bien; importantes
juristas y organizaciones políticas presenten a la consideración
del público larguísimos análisis del contenido
de una reforma, sin tomar en consideración como único
punto el requisito fundamental de toda acción de gobierno,
como lo es la necesidad ineludible de un organismo electoral
competente para ello, sin vicios de ninguna naturaleza, y en
base a un procedimiento estrictamente legal. Y se pregunta uno; ¿Será que
la constitución del organismo electoral y todo el proceso
antes señalado son poca cosa? ¿O es que los grandes
analistas del país no son capaces de apreciar lo que el
común de la gente si puede?
Desde
el referéndum revocatorio para acá la oposición
venezolana ha estado dando tumbos; entre otras cosas porque frente
a la diversidad de opiniones, siempre triunfó la tesis
de participar a toda costa en todos los procesos electorales,
aún sin chance de ninguna especie. Todo esto basado en
el principio de que "aún cuando el gobierno no es
demócrata, nosotros si !". Hubo quien creyó ingenuamente
que frente a toda una política dirigida al fraude por
el gobierno nacional, bastaba ir a votar en masa, para eliminar
lo que ya estaba anunciado por decreto, como lo era el triunfo
del presidente Chávez. Esto lo pudimos palpar fielmente
en las pasadas elecciones de diciembre. Hoy en día vuelven
a la carga las mismas personas, con los mismos argumentos, pretendiendo
con esto confundir a la sociedad en su conjunto respecto a cuál
es el punto más álgido de toda esta reforma, cuando
ellos saben perfectamente que el aspecto vital, que le daría
vida o mataría antes de nacer al proyecto presentado por
el presidente de la República, no es el qué, sino
el ¡QUIÉN Y EL CÓMO!
Por
si esto fuera poco, algunos venezolanos de bien, dirigen el
debate
hacia todos los sectores de la población, incluyendo
hacia hasta ahora nuestros impolutos estudiantes, al estudio
de cada una de las propuestas, dejando a un traste a la única
opción disponible que permitiría, o evitar la reforma,
o negarle todo viso de juridicidad; como lo es el demostrar que
bajo el proceso actual es imposible el respeto a la soberanía
popular.
El
dilema no puede plantearse sino en los términos en
los cuales los venezolanos entiendan que hay un solo objetivo,
y no muchas y diversas metas, como lo sería el estar analizando
una a una cada una de las propuestas, de la misma manera como
si nos diéramos a la tarea de discutir si preferiríamos
morir en la ahorca o en la cámara de gas, o si la inyección
de Cianuro es menos dolorosa.
La única arma que tenemos es pararnos en seco frente
a quienes propugnan la reforma, no para discutirla, sino para
vetarla hasta que las condiciones electorales cumplan con el
mandato constitucional. ¿Que si esto es muy difícil
de lograr a estas alturas? Puede ser; pero de darse esta batalla,
y puede darse porque los venezolanos no somos peores que los
Ecuatorianos; los Bolivianos; los Argentinos; o incluso los Centro
Americanos, producto de cruentas guerras civiles, a pesar de
que esa Constitución fuese aprobada por un puñado
de incondicionales, pueden tener la seguridad que si es desenmascarada
a tiempo, el mañana estará cerca. No dudemos de
un pueblo que lucha, dudemos de un pueblo que se entrega.
Virginia
Contreras es
abogado y fue embajadora de Venezuela en la OEA durante los
primeros años del gobierno de Hugo
Chavez. Sus
puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por
la Revista 7 días, el 7 de septiembre
del 2007. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.
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