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Puntos
de Vista
Análisis y opinión sobre
energía, geopolítica y civilización
Francisco
Mieres y el debate petrolero de 1974.
Marichina García Herrero

Francisco
Mieres
Por Gustavo
Coronel
El
pasado Sábado falleció en Caracas el Profesor
universitario
de Economía Petrolera por muchos años Francisco Mieres *. Mieres
también fue Embajador de Venezuela en Rusia durante el actual régimen
de Hugo Chávez pero no parecía comulgar con el chavismo, inclinándose
más bien hacia el grupo del general Raúl Baduél. Mieres
tuvo una participción muy activa durante el gran debate petrolero que
precedió a la estatificación de la industria petrolera venezolana
durante la década de 1970. Fue mi adversario, en ocasiones muy duro y
agresivo, pero creo, en retrospectiva, que aquél debate fue un extraordinario
ejemplo de verdadera democracia en acción.
Siento su muerte. En su memoria, he escrito esta nota sobre ese gran debate petrolero
en el cuál participamos él y yo, en campos opuestos, pero sin llegar
nunca a la descalificación soez que impera hoy en día.
La situación petrolera venezolana a principios de la década de
1970 comenzó a experimentar significativos cambios. El gobierno venezolano
había estructurado una combinación de instrumentos: el decreto
832, el precio fiscal de exportación, la ley de Reversión y la
Ley de Reserva al Estado del gas natural, mientras experimentaba, sin mayor éxito,
con los contratos de servicio. Los instrumentos arriba citados le conferían
al gobierno casi total control sobre las operaciones petroleras y le permitía
saber con antelación el monto de sus ingresos petroleros para el año.
Para todo efecto práctico la industria petrolera venezolana se hallaba “nacionalizada”.
Sin embargo, esta misma situación llevó a las empresas concesionarias
a reducir sus inversiones a un mínimo absoluto, dedicándose a producir
de manera acelerada, a fin de recuperar el mayor volúmen posible de petróleo
dentro de la vida remanente de las concesiones. Esta reacción era lógica
como estrategia comercial pero fue moldeando un clima propicio a la nacionalización.
El gobierno comenzó a preocuparse de que, al final de las concesiones,
el país recibiera solo restos de la actividad. Los sectores políticos
comenzaron a hablar abiertamente de nacionalizar la industria. Desde el despacho
del ministerio del sector Hugo Pérez La Salvia hablaba de la necesidad
de acelerar los estudios dirigidos a la nacionalización. URD, a través
de Leonardo Montiel Ortega, proponía la formación de un grupo que
comenzase a estudiar las maneras de vender directamente el petróleo venezolano,
acusando a las concesionarias de presionar al gobierno mediante reducciones injustificadas
de producción. El resucitado Partido Comunista de Venezuela, por boca
de Olga Luzardo, llamaba a las mujeres venezolanas a defender la Ley de Reversión.
Por otro lado, el ex-presidente Rómulo Betancourt, el catedrático
Ernesto Mayz Vallenilla, el presidente de Fedecámaras Carlos Guillermo
Rangel y el dirigente de acción Democrática Arturo Hernández
Grisanti, pedían no politizar las decisones en torno a la nacionalización
del petróleo. Había comenzado lo que sería un intenso debate
petrolero nacional, una verdadera muestra de democracia, en ocasiones muy agresivo
pero nunca excluyente. El debate se politizó, un hecho inevitable debido
a que se acercaban las elecciones presidenciales, en Diciembre de 1973, y los
dos partidos con posibilidades de ganar esas elecciones se sentían obligados
a asumir una posición frente a la nacionalización petrolera.
Rapidamente se establecieron a nivel político dos grandes bandos en torno
a este asunto. Uno, en cuyas filas militaban líderes políticos
de izquierda o, aún, de centro o de derecha animados de un fuerte matiz
patriótico o pseudo-patriótico. Este grupo pedía la nacionalización
de la industria petrolera de manera acelerada, entendiendo como nacionalización
el control total del Estado venezolano sobre la industria. Hablaba este grupo
de estatificar la industria, más que de nacionalizarla. Ello excluía
la posibilidad de que la Venezuela no gubernamental pudiese tener una participación
directa en la industria. Para este grupo no debería ser permitida la participación
directa del sector privado venezolano en las actividades de la industria, puesto
que este sector era visto por ellos como una simple extensión del capitalismo
internacional. En este bando figuraban, entre muchos otros, Alfredo Tarre Murzi,
Radamés Larrazabal, Francisco Mieres, Leonardo Montiel Ortega, Gastón
Parra, Alvaro Silva Calderón, Humberto Calderón Berti, Pompeyo
Márquez, Freddy Muñoz Eduardo Acosta Hermoso, los profesores Marxistas
de las universidades, los comunistas de corte stalinista, Abdón Vivas
Terán, Carlos Piñerúa, Jesús Paz Galarraga, Pedro
Márquez y Jesús Bernardoni. Los partidos políticos agrupados
en torno a esta tesis incluían a COPEI, MEP, URD y el partido Comunista
de Venezuela. El grupo contaba con el apoyo de la CVP, heredera aparente de la
gerencia de la industria una vez estatificada y con organizaciones tales como
Pro Venezuela, tradicionalmente muy nacionalista. La posición del COPEI
era motivada por estrategias políticas mas que por ideología. Este
partido se encontraba en el poder, en plena campaña electoral y deseaba
sonar más agresivo, mas nacionalista que cualquier otro. Acción
Democrática, por el contrario, trataba de demorar el acto de la nacionalización
ya que tenían posibilidad de ganar las elecciones y deseaban ser ellos
quienes la llevaran a cabo. Los análisis de la conveniencia o no del acto,
de los problemas que serían encontrados en el camino, de los riesgos técnicos
y políticos que la nación tendría que enfrentar no parecían
interesar mucho a este grupo de super patriotas.
El otro grupo pedía moderación y cautela. Prefería hablar
de una venezolanización progresiva, de empresas mixtas, de contratos de
comercialización con las empresas extranjeras, de una transición
mas que de una ruptura con las empresas extranjeras. En este grupo se encontraban,
entre otros, Humberto Peñaloza, Rafaél Tudela, Octavio Lepage,
Luis Esteban Rey, Antonio Stempel París, Pascual Venegas Filardo, Carlos
Chávez, Eloy Porras, Andrés de Chene, altos gerentes de la industria
petrolera concesionaria, instituciones como Fedecámaras, los candidatos
presidenciales Pedro Segnini La Cruz y Miguél Angel Burelli Rivas, algunos
miembros del equipo técnico gubernamental como Ramsey Michelena y un creciente
número de técnicos petroleros que trabajaban en las empresas concesionarias.
En la Venezuela de esos días la posición de este grupo no era popular.
El bando contrario hacia creer al país que defender tal posición
era un acto de traición a la patria. Sostenerla representaba un acto de
gran coraje cívico.
A medida que se acercaban las elecciones de Diciembre de 1973 el ritmo de quienes
pedían la nacionalización se aceleró. Desde el COPEI el
candidato presidencial Lorenzo Fernández abogaba en sus discursos por
el adelanto de la reversión y afrmaba que no le temblaría el pulso
para firmar el decreto. El ministro de Hidrocarburos Hugo Pérez La Salvia,
en un discurso pronunciado ante los periodistas, afirmó que la industria “no
podía ser dejada en manos de las empresas internacionales”. Y, días
mas tarde, afirmó que “ya los estudios pertinentes estaban hechos” y
que el gobierno planificaba la nacionalización petrolera, dado que el
personal era todo venezolano y que los mercados para nuestro petróleo
eran abundantes. Hasta un prominente miembro de Acción Democrática,
Enrique Tejera París, ex-embajador de Venezuela en Washington DC, se sumó al
coro de los exaltados al decir, justo después de las elecciones, que “la
nacionalización de la industria petrolera era un asunto de la mas urgente
consideración”, declaración que fue desautorizada de inmediato
por el vocero petrolero de Acción Democrática, Arturo Hernández
Grisanti.
Es posible que la ansiedad mostrada por el COPEI para acelerar un proceso que
requería serenidad y apropiada planificación contribuyese decisivamente
a la derrota de su candidato presidencial Lorenzo Fernández. Lo cierto
es que el candidato presidencial de Acción Democrática, Carlos
Andrés Pérez, quien había sostenido en su campaña
una línea de moderación en torno al tema, obtuvo una victoria abrumadora.
Lorenzo Fernández, el candidado derrotado del COPEI, atribuyó su
derrota a las acciones tomadas en su contra por las empresas petroleras concesionarias.
Lejos de apaciguarse debido a la victoria de Carlos Andrés Pérez,
los partidos políticos MEP y COPEI que abogaban por la nacionalización
inmediata redoblaron sus esfuerzos y presentaron en el Congreso Nacional dos
proyectos de leyes de nacionalización petrolera, denominados “leyes
que reservan al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos”.
De los dos proyectos, el presentado por el MEP, obra de Alvaro Silva Calderón,
contenía una excelente exposición de motivos pero ambos incluían
importantes errores técnicos, matemáticos y políticos. Esta
demostración de ignorancia llenó de preocupación a muchos
profesionales venezolanos de la industria. Estos técnicos advirtieron
que los proyectos de ley confundían el precio fiscal de exportación
con el precio de realización y que proponían enviar las indemnizaciones
de los empleados al Banco Central de Venezuela. Ambos proyectos hablaban de estatificación
y desechaban toda participación directa del sector privado venezolano
en las actividades de la industria. Aunque los proyectos hablaban de una compensación
a las concesionarias basada en el valor neto en libros de los activos, la extrema
izquierda se oponía ferozmente a compensación alguna, citando los “daños
ambientales” que las empresas concesionarias habían causado. Ambos
proyectos estipulaban una estructura de supervisión de la industria nacionalizada
dirigida desde el Ministerio del sector, es decir, politicamente controlada.
Fue en ese escenario que se desarrolló la gran batalla de ideas entre
los profesionales de la industria petrolera y los profesores universitarios Marxistas.
Uno de los líderes del grupo Marxista fue Francisco Mieres. Para él
la nacionalización debía ser mucho más severa con las ex-concesionarias,
no podía ser como la planteaban los profesionales de la industria petrolera
pués ello le haría “perder su carga revolucionaria”.
Este debate fue muy arduo y se decidió finalmente a favor de quienes abogaban
por una nacionalización sensata, conservando aquellos nexos tecnológicos
y comerciales que debían conservarse.
A través de los años pareece evidente que la debilidad fundamental
del grupo de extrema izquierda durante el debate fue su falta de conocimiento
directo de la industria petrolera. Los llamados experto petroleros de esa tendencia
nunca habían trabajado en la industria petrolera. Eran expertos formados
en los campos teóricos de la economía socialista, desde una rígida
perspectiva marxista, profesores universitarios, como Mieres, Gastón Parra
y Pedro Esteban Mejía. Ello no quiere decir que no creyeran honestamente
en su posición sino que la sustentaban con argumentos teóricos
carentes del sentido de realidad que solo puede tener quien esté metido
dentro de la industria, quien haya vivido en sus entrañas.
Ya todo está en el pasado, los hechos posteriores relacionados con la
estatificación petrolera y el comportamiento de PDVSA desde 1976 hasta
1999 hablaron con elocuencia, así como han hablado los trágicos
hechos de la etapa chavista, desde 1999 hasta hoy. La verdad está allí para
quien tenga ojos para verla. Lo que si debe recordarse es que muchos hombres
y mujeres, de ambos bandos, batallaron honestamente por su causa, entre ellos
Francisco Mieres, un respetable adversario.
* Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, Individuo
de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
Cours du Doctorat en Sciences Economiques de L'Ecole de Droit
de L'Universite de Paris (Sorbonne), y con estudios de Postgrado
en la Universidad Lomonosov de Moscú y el Instituto
de América Latina.
Gustavo
Coronel es un veterano geólogo
de la industria petrolera, miembro director de
la primera junta directiva
de PDVSA (1975-1979). Todos sus articulos pueden
verse en www.lasarmasdecoronel. Sus puntos de vista
no necesariamente
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