La ley del más sanguinario

La violencia de los paramilitares en la frontera de Colombia y Venezuela
no se debe a motivos geopolíticos sino al contrabando de combustible

Por Maye Primera

La violencia de los paramilitares en la frontera de Colombia y Venezuela
no se debe a motivos geopolíticos sino al contrabando de combustible

La guerra comenzó hace cinco años en el municipio de San Antonio del Táchira,
el paso más transitado de la frontera común entre Venezuela y Colombia.
Empezó con los cinco primeros muertos que cayeron tiroteados en la plaza
Bolívar; con una banda de asesinos dispuesta a limpiar al pueblo del hampa
común, y con una comunidad de comerciantes desesperados dispuestos a
pagar la vacuna -cuota mensual de dinero- por la seguridad que no les
brindaban ni la policía ni la Guardia Nacional venezolana.

Quienes entonces tiraban del gatillo para limpiar la ciudad de maleantes,
drogadictos y prostitutas, cinco años más tarde manejan también el negocio del
contrabando de combustible y alimentos, y el tráfico de drogas. Se atribuyen,
además, el reciente homicidio de dos guardias nacionales, que ha crispado
nuevamente las relaciones entre Venezuela y Colombia, rotas desde agosto
pasado. Y los Gobiernos de Caracas y Bogotá, demasiado ocupados en sus
diferencias políticas, parecen haber elegido batirse en duelo antes que coordinar una estrategia para combatir estas mafias que sostienen en las sombras la economía de la frontera común.

"Ni Álvaro Uribe ni Hugo Chávez saben cómo es el problema aquí. Ellos mismos
han dejado avanzar a los paras y ahora quieren venir a meternos en una guerra", se queja Jairo, uno de los cientos de taxistas que cubren la ruta que comunica San Antonio del Táchira con la ciudad de Cúcuta, capital del departamento colombiano del Norte de Santander. Él también ha tenido que pagar vacuna a los paracos, nombre genérico que les otorgan los colombianos a los grupos que extorsionan e imponen su ley en la frontera. Porque todos están obligados a pagar, o condenados a morir.

Sólo el negocio de las vacunas genera millones. Cada comerciante de San
Antonio del Táchira paga a los paras entre 40 y 400 euros al mes, al cambio
oficial, por su seguridad. Los mototaxistas pagan entre 26 y 80 euros. Las
compañías de taxi, más de 360 euros. Y los que infringen las reglas -no
deambular por la calle después de las 22.00, no beber en exceso, no drogarsetambién deben pagar multas de hasta 600 euros.

Los policías lo saben todo: conocen el monto de las multas, los lugares de
reunión. Pero no actúan, dicen, porque nadie se atreve a denunciar la extorsión.

Y sin denuncia, no hay delito. "Debo reconocer que al principio los paras
hicieron su trabajo, limpiaron bastante. Hicieron lo que no podíamos hacer los
policías. Pero ya se están pasando. Y en esto están metidos venezolanos y
colombianos".

Lo confiesa un funcionario de la policía científica, la institución encargada de
analizar los trozos de gente que de cuando en cuando aparecen en el río Táchira, que separa Colombia de Venezuela; los pedazos de "los que no hicieron caso" y fueron asesinados y cortados con una motosierra y sus miembros lanzados al agua. A otros los entierran. Hay al menos tres haciendas en la frontera, cuenta el policía, dedicadas a la siembra de fosas comunes desde que fueron arrebatadas por los paras a sus dueños legítimos.

Los taxis en San Antonio del Táchira son, a su vez, las mulas que sirven a los
paramilitares para el contrabando del combustible que mueve al departamento
del Norte de Santander. Es lo que explica que en este municipio de unos 50.000
habitantes, el Ayuntamiento tenga registrados más de 500 taxis: uno por cada
100 habitantes. Explica también que a pesar de los programas que promueve el
Gobierno venezolano para la compra de coches nuevos a precios solidarios, los
taxistas prefieran modelos de los años setenta: los Ford Fairlane, los Chevrolet
Malibú, los Dodge Dart, los autos con el tanque de combustible más grande, que
permiten pasar de contrabando hasta 80 litros de gasolina hacia Cúcuta en un
solo viaje "sin mojarse los pies". Porque los contrabandistas también usan otras
vías para cruzar el río hacia Colombia a pie o en bicicleta, "los caminos verdes"
las llaman, pero ninguna es tan cómoda como cruzar el puente internacional:
basta sobornar a los guardias nacionales con el equivalente a un euro por cada
recipiente de 20 litros de combustible para que la frontera se abra.

Un litro de gasolina en Venezuela es 60 veces más barato que un litro de agua:
cuesta 0,07 centavos de bolívar, unos dos céntimos de euro. Sólo con atravesar los 300 metros del puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Venezuela con Colombia, el mismo litro de gasolina multiplica varias veces su
valor original. Cuando arrecian los controles de la Guardia Nacional en la
frontera, como ha ocurrido en las últimas tres semanas, la escasez del
combustible de contrabando en Cúcuta hace que el precio se eleve al doble, y
que los mafiosos disparen contra los guardias nacionales venezolanos.

"Hemos tomado la irrevocable decisión de atacar con violencia. Ya no vamos a
joder solamente a los gusanos, ahora les tocó el turno a los malparidos guardias
por no dejar trabajar, malparidos. Quien colabore le pasará lo mismo, esta
organización lo ha decidido. (...) Muerte a los perros". Eso decía el panfleto que
repartieron los paras por las calles el jueves 29 de octubre. La amenaza iba
acompañada de una "invitación" para que los comerciantes no abrieran sus
negocios al día siguiente en señal de protesta por los constantes cierres del paso hacia Colombia.

Todos acataron el mensaje: el viernes, San Antonio amaneció como si fuese
domingo. Y el lunes 2 de noviembre, a las 15.30, los sargentos de la Guardia
Nacional Gerardo Zambrano y Senir López fueron asesinados en la plaza de El
Palotal -a dos kilómetros de San Antonio- por cuatro sicarios en motocicleta que les dispararon por la espalda. La versión del vicepresidente y ministro de la
Defensa, Ramón Carrizález, es que este crimen fue el inicio de un plan
conspirativo que se prepara contra Venezuela, vinculado con la "instalación" de
"siete bases yanquis" en Colombia, y que el blanco de los disparos era, en
realidad, el presidente Hugo Chávez.

Rubén escuchó a Chávez este domingo cuando llamó a sus generales y a su
pueblo a prepararse para la guerra, como última medida para enfrentar la crisis
con Bogotá. Rubén es colombiano, vivía del contrabando de gasolina en San
Antonio del Táchira hasta hace una semana, cuando la guardia lo expulsó del
país. Ahora vende agua fría en mitad del puente Simón Bolívar mientras espera
que la situación se calme para volver a Venezuela. Es reservista, y él sí que está dispuesto empuñar el fusil para defender "la patria". ¿Cuál de las dos patrias? "Pues cualquiera de las dos, la que me dé de comer".

 

 

Maye Primera es periodista del diario español El País. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por El Pais.com, el 11 11 09. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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